El PAR pide recurrir al Tribunal Constitucional el Real Decreto Ley que establece la bancarización de las cajas

ZARAGOZA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Aragonés (PAR) en las Cortes de Aragón, ha presentado este martes, en el Registro de las Cortes de Aragón, una proposición no de ley que pide que las Cortes interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.

El PAR, en el mismo sentido, ha reclamado que se pida la suspensión del precepto impugnado y justifica dicha suspensión en que el propio recurso no pierda su finalidad.

El recurso se fundamenta en las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de cajas de ahorros y en la infracción que supone de los artículos 14 y 38 de la Carta Magna.

El PAR ha considerado que las cajas de ahorros aragonesas son un pilar fundamental del desarrollo económico de Aragón. Representan, ha dicho el portavoz de su grupo parlamentario en las Cortes, Javier Allué, "financiación para nuestras empresas, apoyo para los proyectos de desarrollo, empleo para miles de aragoneses y, también, una trascendente obra social comprometida con la cultura y los más necesitados". Sin la naturaleza jurídica de las cajas "nada de esto se hubiera podido llevar a cabo", ha agregado.

En la exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria, el PAR ha señalado que el Real Decreto-Ley 2/2011 es claramente discriminatorio para las cajas frente a los bancos, ya que al regular en su artículo 1 las medidas para el reforzamiento de la solvencia de las entidades de crédito, establece una clara desigualdad que discrimina a las cajas frente a las demás entidades de crédito. Es decir, "las consecuencias de la aplicación del artículo 1.2 del Real Decreto-Ley son desproporcionadas y gravosas para las cajas y carecen de justificación objetiva".

Allué ha criticado duramente el trato discriminatorio hacia las cajas porque "ante iguales circunstancias que los bancos, a las cajas se les obliga a contar con un capital principal del 10 por ciento, frente al 8 por ciento exigido a los bancos".

Según el PAR, la dureza de la medida se pone de manifiesto por el hecho de que para cumplir el requisito del capital principal se da a las cajas un plazo de tan solo seis meses.

"Este trato discriminatorio y duro vulnera el principio de igualdad ante la ley y el principio de libertad de empresa, y por su carácter desproporcionado delata una voluntad del Gobierno del Estado de pretender acabar con la existencia de las cajas en el sistema financiero español obligando indirectamente a su transformación en bancos aprovechando la coyuntura de crisis económica existente", ha expresado el Partido Aragonés en su iniciativa.

El PAR también ha hecho referencia a que la Comunidad Autónoma de Aragón dispone de un título específico competencial referido a las Cajas de Ahorro "El artículo 71.33ª del Estatuto de Autonomía de Aragón establece la competencia exclusiva de Aragón en materia de Cajas de Ahorro".

Por todo ello y ante todas estas evidencias, el PAR ha estimado que la Comunidad aragonesa debe defender el sistema de Cajas y oponerse al Real Decreto-Ley 2/2011 por su carácter discriminatorio hacia las cajas de ahorros.