TERUEL, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular criticó hoy que el Ayuntamiento de Teruel haya adjudicado a Daorje la gestión de la escombrera municipal de la ciudad después de los problemas que durante la pasada legislatura tuvo el Consistorio con dicha empresa.
La portavoz del PP en el Consistorio turolense, Emma Buj, ha destacado que "nos ha sorprendido porque nada más comenzar la legislatura se produce una adjudicación a una empresa que la anterior legislatura, con el mismo equipo de gobierno prácticamente, se ha demostrado que prestando un servicio municipal cobró dinero bajo mano, de forma ilegal. Causó un grave perjuicio a la ciudad de Teruel porque trajo vertido ilegales de otra Comunidad Autónoma".
Y es que la empresa, que explotaba el vertedero de residuos sólidos urbanos, permitió que se depositaran basuras de Valencia, sin el permiso del Ayuntamiento, y cobrando por ello con el desconocimiento del consistorio.
Además, Buj insiste en que "sumado a todas esas circunstancias, nos encontramos con que Lucía Gómez, y el entonces concejal Miguel Ferrer, dejaron caducar un expediente sancionador que hubiera inhabilitado a la empresa para concursar en el Ayuntamiento de Teruel, después cuando quisieron imponerle una sanción económica la retiraron de la orden del día, y que nada más empezar la siguiente legislatura lo primero que hacen es adjudicarle un nuevo contrato".
"Desde el PP, vemos muchos puntos oscuros, aunque lamento decir que poco podemos hacer", afirmó Emma Buj, quien recordó que "entonces pedimos una comisión de investigación y fue rechazada. Creímos que era necesario que hubiera información seria sobre por qué se dejaban caducar expedientes, por qué se miraba hacia otro lado cuando se veía que una empresa cobraba dinero ilegal".
Buj reconoció que la Audiencia Provincial ha sobreseído "temporalmente" una parte del caso, pero indicó que "sólo hacía referencia al delito medioambiental, que en este caso no existe. Gracias a Dios, no lo hay, porque eso supondría que son residuos peligrosos".
Aún así la portavoz popular aclaró que "a una empresa que perjudica a la Administración para la que trabaja, que cobra dinero ilegal, se le puede expedientar desde el Ayuntamiento para que no pueda concursar nunca más en ese Ayuntamiento. Eso es lo que el PAR y el PSOE han dejado caducar, lo que no han querido hacer, y ahora nos encontramos con una nueva adjudicación". Según Buj, había "tres empresas que se presentaron, de entre ellas, por medio de decreto del Alcalde, Miguel Ferrer, se le adjudica un contrato que ronda los 55.000 euros anuales, por dos años, prorrogables por otros dos. Una decisión del alcalde, que el Partido Popular no comparte", concluyó Emma Buj.
