Tribunales.- Un centenar de afectados se concentran por los retrasos en el Juzgado de lo Social de Teruel

TERUEL 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de afectados por los retrasos sufridos en el Juzgado de lo Social de Teruel se concentró esta mañana frente al Palacio de Justicia para reclamar que sus casos se resuelvan cuanto antes y que se haga "justicia ya" según se podía leer en una de las pancartas que portaban.

Convocados por el sindicato UGT, criticaban la situación que se vive en este juzgado turolense en el que se acumulan 300 casos juzgados pero sin que se haya dictado una sentencia, y cuyo juez titular, Luis Eduardo Morales, fue suspendido en sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras constatar esta situación.

El secretario provincial de UGT en Teruel, Jesús García Duque, expuso a los medios que a pesar de que hay una jueza sustituta, no puede resolver ninguno de los 300 casos pendientes "porque el trabajo diario del juzgado es lo suficientemente grande como para que sólo pueda atender eso". Además, ningún juez puede dictar sentencia sobre lo juzgado por otro magistrado. Por eso, Duque insistió en que "se tiene que nombrar un juez sustituto que saque exclusivamente los casos pendientes", que se tendrán que repetir.

Además, recordó que la situación que se ha generado "tiene un coste económico y social muy importante porque gente de la toda la provincia de Teruel tiene que volver a la capital con sus testigos, con sus abogados, y celebrar de nuevo estos juicios". Así que afirmó que "la situación se agrava cada día más".

Para Duque, el culpable de esta situación es "la Administración de Justicia porque ha permitido que un juez haya retrasado durante dos años la sentencia, y no haya hecho nada". Así que consideró que "de alguna manera tendrá que indemnizar y resarcir a los afectados del problema moral y económico que está generando el no funcionamiento de la Justicia".

En un comunicado, que leyó uno de los afectados, lamentaron la pasividad de la Administración de Justicia a la hora de dar solución a los 300 procedimientos", al tiempo que destacaron que el juez sancionado y los órganos judiciales responsables "no sufren cada día la situación lamentable que nos obligan a vivir a nosotros y a nuestras familias".

Una de las afectadas, Encarna Mateo, natural de Montalbán, explicó que "llevo más de 19 meses sin cobrar", al padecer una fibromialgia presentó una solicitud de incapacidad laboral y sigue a la espera de una sentencia. Ella aseguró que "necesito saber si tengo que buscar trabajo, aunque no pase un reconocimiento médico, o que me den la incapacidad, pero así no puedo estar".

Silvia García, de Utrillas, está a la espera de que se le reconozca que padece una incapacidad. García indicó que tras dos años de baja, y 14 meses sin cobrar, su juicio se celebró en noviembre, pero todavía no tiene sentencia. Así aseguró que "es una injusticia lo que están haciendo porque no pueden dejar a una persona, sin poder siquiera comer". Por eso, pidió que "lo arreglen ya porque todos los afectados estamos muy mal tanto física, como moralmente".