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La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - EUROPA PRESS.
ZARAGOZA 15 May. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha tildado este viernes de "pataleta" la reclamación económica de la Generalitat de Cataluña por las obras de arte del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), recuperados por la Administración aragonesa en 2017 y actualmente depositados en el cenobio monegrino. "No vamos a responder a esta provocación", ha advertido.
El Consejo de Gobierno de Aragón ha tomado conocimiento hoy de esta reclamación extrajudicial, de 420.317,82 euros por la restitución de los contratos de compraventa de los bienes a la Orden de San Juan de Jerusalén, como consecuencia de su anulación judicial, y de 370.801,65 euros por gastos de conservación y preservación de las obras.
Estos contratos son del 28 de enero de 1983 y del 17 de diciembre de 1992, corresponden a la venta de la Orden sanjuanista a la Generalitat de los 56 bienes, que estuvieron depositados en el MNAC y el Museo Diocesano de Lérida, y que fueron anulados por la autoridad judicial, que ordenó devolverlos al Monasterio, como así ocurrió en 2017, estando ahora expuestos el Sijena.
La consejera catalana de Cultura, Sonia Hernández Almodóvar, firma esta reclamación extrajudicial. En estos contratos actuó como parte vendedora Pilar Sanjoaquín Gràcia, representando a la Orden de San Juan de Jerusalén como madre federal y priora del monasterio que la Orden tenia en Valldoreix.
Delas 56 obras adquiridas, 44 estaban en el Museo de Lérida y 12 en el MNAC y, a partir de 1999, las obras fueron adscritas y trasladadas al museo ilerdense para nutrir los fondos del centro.
Los contratos de compraventa fueron declarados nulos por sentencia de abril de 2015 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca, confirmado por sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2021. Las sentencias declararon que la propiedad de los bienes era de la Orden Sanjuanista del Monasterio de Sijena y obligó a la Generalitat a reintegrar la posesión de las piezas y trasladarlas al Monasterio.
La Generalitat asegura que el contrato de compraventa de enero de 1983 valora la adquisición de las obras en diez millones de pesetas y el de diciembre de 1992 en 25 millones de pesetas. Con la actualización del IPC señalan que la valoración asciende, en suma, a 420.317,82 euros, a lo que se añaden los gatos de custodia, protección y mantenimiento de las obras por más de 370.000 euros.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón están analizando la reclamación de la Generalitat de Cataluña, si bien ya advierten de que el Ejecutivo no formó parte de los contratos de compraventa de esas obras, no cobrando precio alguno, ni es propietario de las mismas, por lo que consideran que el Gobierno de Aragón no debe restituir las cantidades solicitadas.
CONFLICTO INNECESARIO
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mar Vaquero ha señalado que "no deja de sorprender" esta reclamación: "Nos da hasta un poco de pena" que el presidente de la Comunidad vecina, Salvador Illa, "tenga que someterse aeste tipo de conflictos, totalmente innecesarios".
El Gobierno de la Generalitat "debería ser serio" y preocuparse por "cuestiones importantes para sus ciudadanos", ha continuado Vaquero, lamentando que Illa "tenga que entrar en el juego de sus socios independentistas, que siguen embarcados en una total falta de respeto a las reglas democráticas, al cumplimiento de las sentencias judiciales".
Para Vaquero dirigirse así a un Gobierno es "una falta de respeto institucional, una falta de rigor jurídico" y también supone "atacar, una vez más, al patrimonio culturalde la Comunidad", que el Ejecutivo aragonés defenderá "con más ahínco", criticando "la contínua voluntad de la Generalitat de convertir una cuestión judicial en un conflicto político y de prolongar permanentemente una cuestión buscando excusas peregrinas, como la que contiene esta reclamación".
"Nos piden los gastos de conservación: Qué menos que conservar las obras de arte", se ha quejado la vicepresidenta, observando que "han estado disfrutando de la exposición de estos bienes desde los años 70, cobrando la entrada, y ahora nos reclaman los gastos de conservación".
A su juicio, "no se podía ser más peregrino ni tener más falta de rigor jurídico, porque son cosas juzgadas". Ha llamado la atención sobre "la contínua pérdida de razón y la enajenación política de la Generalitat, que están llevando a Illa a una cuestión grave, a hacerle perder la dignidad de representar los intereses de una Comunidad por los ataques totalmente injustificados y la confrontación con Aragón".
También ha dicho que el Gobierno aragonés ha defendido el Estado de Derecho con el cumplimiento de las sentencias, añadiendo que la Generalitat ha actuado en este caso "como un boxeador que ha sido abatido y pega puñetazos al aire".
La recuperación de las obras artísticas "es un camino que no tiene retorno y, ni siquiera, rectificación", ha continuado Vaquero, quien ha comentado que la Generalitat ha dirigido la misma reclamación al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) y que el Ejecutivo ya ha contactado con su abogado, Jorge Español, para ponerse a su disposición y trabajar conjuntamente.
En la Generalitat "no se dan cuenta del esfuerzo permanente de los aragoneses por defendernos de un relato que ha pretendido apropiarse de nuestras raíces con el adoctrinamiento en colegios y la utilización de argumentos en los libros de texto".
"Es delirante la deriva en la que ha caído el Gobierno de la Generalitat, nos da bastante lástima que Illa tenga que entrar en este tipo de cuestiones", ha añadido Vaquero, quien ha dejado claro que el Gobierno de Aragón no cederá "ni un ápice" para "defender la dignidad de Aragón sin ningún tipo de tutela".
Aunque la Generalitat ha dado un plazo de diez días para hablar, "esto no merece ni una conversación", ha considerado Vaquero, quien ha puntualizado que el Ejecutivo aragonés "siempre está dispuesto al diálogo" aunque en este caso "no hay un conflicto", sino "un ataque unilateral". "No vamos a entrar en ese diálogo, que carece de razón y de sentido".
Ha pronosticado que esa institución sufrirá "otro varapalo más" si judicializa esta cuestión, basada en "la sinrazón", y ha recalcado que el Gobierno de Aragón no dará "ni un paso atrás" en la defensa del territorio, las raices y la dignidad.