OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Conceyu por Otra Función Pública ha alertado de que la nueva Ley de Medidas para reformar la función pública, al contrario de reducir el número de nombramientos a dedo, favorecerá la entrada en la gestión de la Administración autonómica de directivos privados.
Así lo ha explicado este domingo el colectivo, a través de una nota de prensa en la que ha se ha referido a la creación de la figura 'personal directivo profesional', incluida en nueva ley. Según el Conceyu, este punto es la "contrapartida" a las nuevas obligaciones impuestas para cubrir por concurso de méritod "la totlaidad de los puestos singularizados o de carrera vertical, incluidos jefes de servicio".
Así, explica que aunque este paso sea "un avance", la creación del "estamento llamado 'personal directivo profesional' supone una carga de dinamita en la línea de flotación de un sistema de Función Pública profesional, imparcial y objetivo".
Según el Conceyu, "ese personal directivo que se regula en el Anteproyecto de Ley, en un número que, ni más ni menos, puede llegar a duplicar al de Directores Generales ( artículo 8.bis, apartado 4), no tiene que tener la condición de empleado público". "Dicho de otro modo, el Gobierno del Principado está abriendo la puerta para el desembarco masivo en la Administración de personal externo, fundamentalmente, de empresas privadas con intereses económicos muy concretos y ajenos al interés general de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias, que se podrán colocar como "caballos de Troya" al frente de la gestión de asuntos públicos tan sensibles como el urbanismo, la sanidad, la educación, la cultura, la protección de los consumidores o la gestión tributaria", critica la organización.
Así, la nota se pregunta "¿qué pintan unos gestores profesionales de procedencia externa a la Administración Pública asturiana, ejerciendo funciones directivas en ámbitos públicos de relevancia para los derechos sociales de los asturianos y asturianas?"
El Conceyu teme que se cree "un verdadero entramado trasversal interpuesto entre los cargos políticos y los puestos funcionariales que, de consumarse, legalizará el fenómeno conocido como "puertas giratorias", es decir, el tráfico de doble sentido de personas e intereses, entre el sector público y las corporaciones privadas".
Recuerda además que la creación de ese "personal directivo profesional" conllevará un coste que deberá detraerse del que se destina actualmente al empleo público". Por tanto, aunque los promotores de la ley defiendan que la aparición de esta figura no conllevará gasto añadido, sí provocará "la supresión de puestos de trabajo de empleados públicos".
