Aprobado el dictamen del Proyecto de Ley de Colegios Profesionales con el apoyo de PSOE, Convocatoria y Tomé

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

   La Junta General ha aprobado este miércoles en sesión plenaria el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Colegios Profesionales con el voto a favor del bloque de la izquierda --PSOE, IU-Convocatoria por Asturies, y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé--, en un debate en el que han decaído todas las enmiendas de la oposición --PP, Vox y Foro--.

   El diputado del PP Manuel Cifuentes ha sido el encargado de defender las cinco enmiendas de su grupo, que se centran en permitir baremos orientativos de honorarios para evitar contradicciones con la legislación estatal, flexibilizar la paridad obligatoria en los órganos de gobierno ante la "imposibilidad material" de cumplirla en ciertos procesos electorales, y sustituir el silencio administrativo negativo por el positivo para eliminar trabas burocráticas y evitar el bloqueo por inacción de la Administración.

   Desde Vox, el diputado Gonzalo Centeno ha defendido la enmienda de su grupo que propone reforzar la autonomía de los colegios profesionales frente a lo que consideran una "intromisión" excesiva de la Administración regional, exigiendo que la intervención del Principado sea reglada y no discrecional. Sus propuestas incluyen la eliminación del silencio administrativo negativo, la supresión del lenguaje "desdoblado", la simplificación del régimen de competencias para evitar jerarquías administrativas y el blindaje de la preeminencia de la normativa nacional para proteger la libertad de autoorganización de los colectivos profesionales.

   El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha reclamado durante la defensa de sus enmiendas que se permitan excepciones justificadas en las cuotas de género de los órganos de gobierno para evitar situaciones imposibles de cumplir, eximir de auditorías externas obligatorias a los colegios con menor capacidad económica, habilitar la creación futura de consejos autonómicos y permitir la publicación de criterios orientativos de honorarios para que los ciudadanos conozcan los costes de los procesos judiciales.

   También desde el Grupo Mixto, la diputada Covadonga Tomé ha respaldado el proyecto de ley por considerarlo "necesario" para acabar con la inseguridad jurídica en Asturias, aunque ha criticado que se quede corto en visión social y calidad democrática. La diputada ha celebrado los avances en igualdad, lenguaje inclusivo y control económico mediante auditorías, pero ha lamentado que la norma permita la distinción de voto entre ejercientes y no ejercientes, creando a su juicio "colegiados de segunda", y que no obligue legalmente a establecer bonificaciones para jóvenes, desempleados o profesionales en situación de precariedad.

   Durante el turno de fijación de posición, la socialista Ana Puerto ha defendido el proyecto de ley como una norma "jurídicamente sólida" que respeta la legislación estatal y equilibra la autonomía de los colegios con el control público necesario para proteger el interés general.

   Los socialistas ha rechazado las enmiendas de los grupos al considerar que generarían inseguridad jurídica, especialmente en lo relativo a los baremos de honorarios que, según ha apuntado, podrían ser inconstitucionales, y al silencio administrativo, que debe seguir siendo negativo por razones de orden público.

   Además, Puerto ha reivindicado la igualdad efectiva en los órganos de gobierno sin excepciones que la debiliten, ha abogado por la obligatoriedad de las auditorías bienales para garantizar la transparencia y rechazado la creación de consejos autonómicos para mantener la coherencia con un modelo de colegiación único para todo el Principado.

   En la misma línea se ha pronunciado la diputada de Convocatoria por Asturies Delia Campomanes, quien ha valorado especialmente que el texto refuerza la protección de la ciudadanía mediante canales de atención obligatorios para quejas y reclamaciones, establece un control económico equilibrado con auditorías bienales y garantiza el principio democrático en la estructura interna de estas corporaciones. Ha rechazado las enmiendas al considerar que no aportan mejoras sustanciales y que el texto actual delimita correctamente el equilibrio entre la autonomía colegial y el interés general.