OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Asturias y el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Asturias (Cermi) ha criticado duramente el anteproyecto de ley de contratación pública en el que trabaja el Gobierno estatal, porque no incluye la posibilidad, ya existente en la norma autonómica, de dar prioridad a las entidades sin ánimo de lucro en la adjudicación de servicios sociales y de atención a las personas.
Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social del Gobierno asturiano, Graciela Blanco, en una rueda de prensa. Ha matizado, no obstante, que de aprobarse la norma tal y como está redactada actualmente, no afectaría a Asturias, en virtud de la modificación de la normativa autonómica que el Gobierno regional ya llevó a cabo a tal efecto, introduciendo la figura de "concierto social".
Tal modificación se refiere al tema de la contratación de servicios sociales con entidades privadas, y estaba dirigida a "dar a preferencia a las entidades de iniciativa social, valorando cuestiones como la experiencia, el arraigo en el entorno, o la elección del usuario".
Con esta modificación, la consejera ha explicado que se aplicaba la directiva 2014/24 de la Unión Europea, que, según ha reseñado, "permite reservar la posibilidad de contratar los servicios sociales a las entidades sociales".
Sin embargo, según la consejera, el anteproyecto de ley de contratos "no hace ninguna referencia a ningún tipo de contratación, y ni siquiera incluye al menos la posibilidad de tener en cuenta una serie de criterios de discriminación positiva hacia las entidades del tercer sector", sobre las empresas privadas con ánimo de lucro.
Blanco ha incidido en que la directiva europea "dice que los estados podrán disponer que las administraciones pueden reservar a determinadas organizaciones el derecho de participación en adjudicación de contratos públicos, exclusivamente en el caso de los servicios sociales, y permite reservar contratos para las entidades del sector, siempre que no superen los 750.000 euros, como es el caso de la mayoría de los que se firman en Asturias".
La consejera ha matizado que el Gobierno asturiano "no excluye a las entidades mercantiles, pero prefiere dar prioridad a las entidades sociales", y blindar aspectos tales como el arraigo en el entorno o la elección del propio usuario, algo que se puede aplicar en Asturias, gracias a la modificación legal.
Mónica Oviedo, representante de Cermi Asturias, ha mostrado su sorpresa por este planteamiento del Gobierno estatal. Ha considerado necesario que los servicios sociales "queden fuera" de la actual normativa de contratación pública, para garantizar el futuro de la gestión por parte de entidades sociales.
Ha demandado además que no sea necesaria la contratación, y que sea posible una financiación así como una autorización o licencia para prestar dicho servicios. Cuestiona además que se obvie la aplicación de una directiva que viene de la Unión Europea.
Cermi reclama además otras medidas, como la prohibición de concurso a empresas de más de 50 empleados que no cumplan la ley que les obliga a reservar un 2% de plazas para discapacitados, así como a las empresas que se nieguen a acreditar dicho cumplimiento.
La consejera ha matizado que está abierto el plazo de alegaciones al anteproyecto hasta el próximo 14 de mayo aunque no hay ninguna previsión de cuándo puede entrar en virgo la nueva norma estatal. Ha incidido, no obstante, den que, en caso de aprobarse tal y como está planteada, la nueva ley no afectaría a Asturias, sino al resto de CCAA.
