OVIEDO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Asturias va a reclamar al Estado un tratamiento diferenciado para Asturias en el Plan de Energía y Clima por las particularidades de su mix de generación y consumo y la vulnerabilidad de su sistema energético e industrial.
Así lo ha anunciado el vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha indicado que estas observaciones se remitirán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Consejo de Gobierno ha aprobado más de 50 observaciones al estudio ambiental estratégico del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, donde reclama al Gobierno de España que el documento recoja las "singularidades" del tejido económico y social de Asturias.
Este plan, cuyo contenido ha sido adelantado a la Comisión Europea por el Gobierno de España esta semana, pretende disminuir, al menos, un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 respecto a 1990, alcanzar un 42% de renovables sobre el uso final de la energía, un 39,5% de mejora de la eficiencia energética y el 74% de renovables en la generación eléctrica.
En ese sentido, el Principado ha insistido en la necesidad de un tratamiento diferenciado para Asturias por las particularidades de su mix de generación y consumo y la vulnerabilidad de su sistema energético e industrial, muy intensivo en emisiones.
Por esa razón, el Gobierno de Asturias solicita al ministerio un análisis más detallado de los efectos sobre la seguridad y calidad del suministro eléctrico y energético y sobre la futura planificación energética y de infraestructuras eléctricas.
Así, propone estudiar las consecuencias que la disminución de actividad de las centrales térmicas tendrá en zonas industriales, como el eje Avilés-Gijón, con el fin de proponer medidas correctoras complementarias a las incluidas en el estudio ambiental sometido a consulta.
Asimismo, considera necesario evaluar los sistemas de almacenamiento y gestión de la demanda del gas natural, teniendo en cuenta todas las instalaciones ya construidas, incluida la planta de El Musel (la regasificadora), que se encuentra en la última fase para obtener autorización administrativa.
"El Ejecutivo autonómico apuesta por medidas más eficaces de apoyo a la industria por el riesgo de deslocalización que genera la pérdida de competitividad en mercados globales no afectados por el coste de las emisiones. En este sentido, propone la creación de un fondo nacional para la compensación de costes indirectos del dióxido de carbono", han indicado desde el Ejecutivo.
Entre las observaciones que se plantean figuran medidas específicas para aprovechar infraestructuras energéticas que cesan su actividad, así como más medidas de apoyo económico para la transformación de sectores como el residencial, la industria o el sector agrario y forestal, y para la investigación en áreas relacionadas con los materiales sostenibles, la energía y el transporte, entre otros.
También se propone estudiar el límite de endeudamiento que tienen las administraciones públicas para impulsar las inversiones que deben acometer con el fin de reducir consumos energéticos.
Por otro lado, el Gobierno de Asturias ha instado a que se analice el impacto que tienen sobre la salud la pérdida de empleo de calidad, las repetidas reestructuraciones y reconversiones a las que se han visto sometidos los sectores minero e industrial y el desarraigo familiar por traslados forzosos debido al cierre de instalaciones.
MEDIDAS PARA TRABAJADORES AFECTADOS POR AMIANTO
El Ejecutivo también ha aprobado la reedición del convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Consejería de Salud para atender y apoyar a trabajadores afectados por patologías derivadas de la exposición laboral del amianto.
Este acuerdo, que no implica compromiso económico, permitirá valorar, con todos los elementos de juicio necesarios, una posible situación de incapacidad temporal o permanente de aquellas personas que han tenido contacto con el amianto por su ocupación laboral.
Toda la información recabada sobre estos trabajadores por la Consejería de Salud estará centralizada en la Dirección General de Salud Pública, desde donde se remitirá al Instituto Nacional de la Seguridad Social con el fin de que pueda iniciar el procedimiento para evaluar la situación de incapacidad y determinación de contingencia.
