Bernardo Fernández pide que el Consejo Consultivo deje de ser usado como "arma arrojadiza" en el debate del Estatuto

GIJÓN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, Bernardo Fernández, aseguró hoy que la Ley obliga a fijar en el Estatuto las sedes de los órganos institucionales del Gobierno autonómico y no así la capitalidad. También diferenció entre órganos institucionales y los auxiliares, como es en este último caso el Consejo Consultivo. Por este motivo, pidió que la institución que preside deje de ser utilizada como "arma arrojadiza" por esta ubicada en Gijón. Además, atribuyó la petición de privilegios económicos de Oviedo a "criterios de oportunidad y conveniencia".

Fernández, que habló así en rueda de prensa en la sede del Consejo Consultivo tras reunirse con su homólogo leonés, mostró su malestar por ser esta institución "parte de la polémica", a su juicio, "de manera indeseable", dijo.

Según él, los Estatutos de las diferentes comunidades autónomas no están obligados a fijar la capitalidad, sino la sede de los órganos institucionales, aunque precisó que no por ello se duda de que éstos deban estar en Oviedo o que esta localidad sea la capital del Principado. No obstante, no vio problema a que si se quiere incluir en el Estatuto el tema de la capitalidad que se incluya, así como la sedes de los órganos auxiliares. Para él, la capitalidad es diferente de la sede.

En cuanto al Consejo Consultivo, matizó que el decreto por el que se creó dice que Gijón es una ubicación provisional. A este respecto, recordó que se trata de un órgano auxiliar y que ya en el dictamen realizado por ellos, a petición del Gobierno regional, sobre la modificación del Estatuto, se apoyó la necesidad de revisar el artículo que habla de la sede de los órganos institucionales, ya que en los años 70 y 80 no existían órganos auxiliares. Fernández pidió seguir trabajando en Gijón para los asturianos con los medios "espléndidos" de los que disponen hoy por hoy.

Sobre el debate de los privilegios económicos, indicó que el dictamen hecho por el Consejo Consultivo en 2006 no entraba a valorarlo, por lo que desechó entra en cuestiones de oportunidad o políticas", salvo que, según él, se lo pregunte el presidente autonómico.

Al margen de la polémica, Fernández expresó su deseo de que el dictamen facultativo elaborado en 2006 se ha tenido en cuenta y mostró su confianza en que se siga el mismo espíritu de acuerdo que inspiró a la reforma del Estatuto de Castilla y León, aprobado gracias a un gran consenso. Por ello, dijo esperar que exista "una colaboración y acuerdo entre las fuerzas políticas".

Asimismo, apoyó que se debata sobre la financiación, la delimitación de un techo competencial e incluso una Carta de Derechos, aunque no vio necesario que se recoja una definición de la Comunidad Autónoma, como se hizo en el de Castilla y León.

También instó a no perder de vista la perspectiva de lo que se está haciendo, ya que se trata de una reforma del Estatuto y no de un proceso constituyente de una comunidad autónoma. Fernández resaltó que el Estatuto de por sí es un valor "muy sólido". En su opinión, si se parte de la base de que lo que se aprueba es un nuevo Estatuto no será "fácil" llegar a un acuerdo.

EXPERIENCIA LEONESA.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, descartó hacer algún tipo de recomendación a Asturias sobre la reforma del Estatuto y el problema de la capitalidad, salvo que se llegue al mejor consenso.

También precisó que en el Estatuto de Castilla y León no se establece la capitalidad de la comunidad autónoma. Según él, tan sólo se refleja en él que Valladolid tiene las sedes institucionales no que sea la capital. El resto de instituciones están descentralizadas, como pasa con el propio Consejo, que está en Zamora.

Amilivia destacó "el importante grado de consenso" con el que se aprobó el Estatuto de su comunidad, a lo que cree que contribuyó el dictamen previo que elaboró la institución que preside. Para él, se trata de un nuevo Estatuto que por primera vez define a Castilla y León como una Comunidad Histórica de carácter cultural y patrimonial. También incluye una Carta de Derechos y Deberes, establece un techo competencial.

En cuanto al modelo de financiación autonómica, apoyó que se tenga en cuenta criterios de dispersión de población, de densidad poblacional y de envejecimiento para logar una sociedad igualitaria. Amilivia confió, por lo que dijo haber leído en prensa, que en Asturias el consenso "empieza a estar garantizado".