La Cámara pide, a instancias de Ciudadanos, flexibilizar y simplificar los trámites de la Ley de Segunda Oportunidad

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha aprobado este jueves pedir al Gobierno asturiano que se dirija al estatal para reclamar flexibilizar, modernizar y simpliflicar los trámites y procedimientos administrativos, judiciales o extrajudiciales de la ley conocida como de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Con esta propuesta Ciudadanos buscaba "lograr una mayor aplicación de la norma, y favorecer el acceso a sus beneficios por los afectados más vulnerables como son las personas físicas en
situación desfavorecida, los autónomos y los pequeños emprendedores, con la urgencia requerida por las difíciles circunstancias causadas la crisis sanitaria de la covid-19.

Susana Fernández ha sido a encargada de defender la propuesta y ha destacado que "conforme pasa el tiempo los problemas financieros para autónomos van aumentando" y las esperanzas de muchos autónomos que "están hasta el cuello de deudas ven como única salida acogerse a la ley de segunda oportunidad".

Desde el PSOE, la diputada María Esther Freile ha destacado esta proposición no de ley viene a poner de manifiesto algo que estaba claro desde los inicio de la norma y es que se trata de una ley "farragosa que fija un proceso muy lento y complejo". Así ha recordado que el PSOE, ya al principio, presentó 50 alegaciones a dicha ley.

Desde el PP consideran "absolutamente fundamental facilitar que cuando alguien ya no pueda más puede tener una segunda oportunidad para poder volver a empezar a crear empleo y riqueza".

Así lo ha indicado el diputado del PP, Pablo González, que ha manifestado que en todos los decretos y resoluciones donde se incorporan los ERTES y el cese de actividad se pone la coletilla de que es necesario mantener la actividad y por tanto todos los pequeños autónomos acaban en concursos de acreedores.

El grupo parlamentario de Podemos ha dado su apoyo a la iniciativa de la formación naranja. Su portavoz Daniel Ripa se ha referido a las carencias que se detectan en esa ley de 2015 que a su juicio no resarce a los ciudadanos arruinados por sus deudas.

Así Ripa ha indicado que contrasta la celeridad con la que se rescata a grandes grupos empresariales con las dificultades con las que se encuentran los ciudadanos asediados por sus deudas.

Desde IU, Ángela Vallina ha indicado que la ley de segunda oportunidad es un mecanismo legal que permite a muchos pasar una mala situación económica. "A esta ley aun le falta mucho recorrido, es una ley de sólo cinco años", ha indicado Vallina que ha destacado que su grupo no ve adecuado hablar ya de modificar la ley.

"El Gobierno ahora mismo debe centrarse en evitar quiebras y no en gestionarlas", ha manifestado la portavoz del grupo parlamentario de IU.