MADRID/OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las Comunidades Autónomas han acordado este martes con el Ministerio de Educación durante la Conferencia General de Política Universitaria celebrada en Madrid seguir profundizando en el estudio del informe elaborado por un grupo de expertos sobre la reforma del sistema de educación superior para despejar las dudas sobre su constitucionalidad --después de que dos de los expertos emitieran votos particulares acerca del sistema de gobernanza y la selección del profesorado--, y solicitar para ello la opinión de la Abogacía del Estado.
Así lo ha manifestado el consejero de Universidades, Empresa e Investigación de la Región de Murcia, José Ballesta, quien ha destacado la "coincidencia general" que ha habido respecto a la "oportunidad" de dicho informe entre los asistentes a la reunión.
De esta manera, Ballesta ha señalado que "cuantitativamente es un informe exhaustivo" puesto que abarca "todos" los aspectos del sistema universitario; "cualitativamente un sistema intensivo" porque profundiza en los "aspectos más importantes del sistema"; "audaz" porque aborda cuestiones "polémicas" e "independiente" puesto que ha habido votos particulares.
No obstante, al ser preguntado sobre la posible inconstitucionalidad de algunos aspectos del texto, Ballesta ha querido recordar que "estamos hablando de un informe" y que "no es una ley ni un decreto" por lo que ha indicado que "puede parecer aventurado ya determinar inconstitucionalidades en algo que no deja de ser un informe de un grupo de expertos". "En cualquier caso, se va a avanzar por lo menos para analizar y estudiar esas dudas que han surgido en algunos sectores", ha concretado.
Sobre si considera oportuno que las comunidades autónomas tengan representación en los consejos de gobierno de las universidades, el consejero de Murcia ha indicado que su posición "concreta" es que las universidades son entidades que han "sobrevivido durante siete siglos" y que "por tanto algo tendrán".
Sin embargo, Ballesta ha agregado que "en el momento actual la situación muchas veces de colisión entre órganos de representación, órganos de gestión y órganos de dirección conlleva muchas veces dificultades en el gobierno de las universidades".
"Eso hay que solucionarlo. Hay unos déficit que hay que arreglar, pero no vayamos a ir a una situación en la que esos mismos déficit se producen en el extremo contrario. Creo que cualquier decisión en el gobierno de las universidades, así lo he dicho, ha de ser tratado con manos temblorosas", ha sentenciado.
ACUERDO GENERAL CON MATICES
Por su parte, el director general de Universidades de Castilla y León, Ángel de los Ríos, ha asegurado que "ha habido en general un acuerdo", eso sí, con "muchos matices". "Lo que se ha acordado es ver si los aspectos de los dos votos particulares que contiene el informe son inconstitucionales", ha apuntado.
No obstante, De los Ríos ha defendido que "el informe es positivo" y contiene medidas "que pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de la universidad española y a adoptar algunas de las reformas que son necesarias", si bien ha reconocido que todavía queda mucho por hacer y que el texto analizado hoy es "un informe sobre las vías por las que debe caminar la reforma".
En esta misma línea, el director general de Universidad de Baleares, Miguel Deyá, ha explicado que "hay algunos temas que son muy favorables como el fomento de la investigación" o "la nueva forma de contratación que flexibiliza la contratación", al tiempo que ha defendido el nuevo sistema de gobernanza propuesto en el informe, uno de los puntos que más polémica ha generado.
"No vemos ningún hilo de que contravenga ninguna norma básica del Estado", ha señalado, para añadir que, "habida cuenta" de que dos de los "prestigiosos juristas" que han elaborado el informe han presentado votos particulares en los que señalan la posibilidad de que esta cuestión sea inconstitucional, es conveniente solicitar el informe a la Abogacía del Estado "para no trabajar en balde" y para "tener un marco jurídico estable".
Asimismo, el director general de la Comunidad Valenciana ha defendido que esperan de este modo "despejar cualquier sombra de duda" para "no andar dentro de los cauces de caminos constitucionales".
Sin embargo, ha señalado que "con la misma rotundidad" que se han pedido solicitar consejo a la Abogacía del Estado, la Comunidad Autónoma que representa es partidaria de reformar mediante el "consenso" el sistema universitario y concretamente el sistema de gobernanza actual de las universidades.
ASTURIAS, CRÍTICA CON EL INFORME
La consejera de Educación del Principado de Asturias, Ana González, ha sido la más crítica y ha afirmado en declaraciones a Europa Press tras participar en dicha reunión que el informe es "contradictorio con algunas de las cosas que ha ido anunciando el ministro", como decir que "sobran universitarios" o incluso "con algunas de las políticas que se han ido haciendo como el endurecimiento de becas o acabar con ciertos programas de movilidad". "Me preocupa la falta de claridad", ha subrayado.
La consejera ha explicado que, sin embargo, el informe habla de la "importancia de las becas o de la movilidad". "En ese sentido pone en evidencia la contradicción o la falta de rumbo de las políticas del PP", ha aseverado, para destacar la importancia que, a su juicio, tienen las adendas que han hecho en el informe dos "personas reconocido prestigio dentro del ámbito del Derecho que hablan de la posible inconstitucionalidad de aspectos muy, muy importantes".
Según ha denunciado González, el modelo que denuncian estos dos expertos "pone en riesgo la autonomía universitaria" y el actual sistema de contratación del profesorado, volviendo "de nuevo a un intento de desfuncionarización de la universidad".
"La funcionarización y la profesionalización en cualquiera de los ámbitos de la administración y en concreto en el ámbito de la universidad lo que ha permitido es la independencia, la profesionalidad y la especialización. Eso se desacredita y se pone en valor la contratación a dedo directamente. Estos dos juristas lo ponen de relieve como un choque con nuestro sistema jurídico y con la Constitución", ha argumentado.
