Comisión de investigación sobre el accidente en la mina de Cerredo: ¿Cuáles son los próximos pasos?

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España).
Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 15 mayo 2025 18:49

   OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

   El accidente en la mina de Cerredo (Degaña) del pasado 31 de marzo en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos, generó un gran revuelo social y político en el Principado de Asturias, que acabó con la dimisión de la consejera de Industria, Belarmina Díaz, dos meses después de asumir el cargo.

   A raíz del suceso, se iniciaron de manera paralela tres investigaciones: la judicial, la impulsada por la Dirección General de Minas del Gobierno asturiano, y una investigación por parte de la comisión especial de seguridad minera. Sin embargo, en el parlamento asturiano, los grupos de la oposición consideraron necesario abrir una nueva vía de investigación a través de la cual se pudieran esclarecer las causas que llevaron a que se produjera este accidente así como las posibles responsabilidades políticas que haya habido.

   La creación de la comisión, impulsada por PP y Foro y respaldada por Vox y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, salió adelante gracias a la no oposición del PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, partidos que sustentan el gobierno autonómico. Entre sus objetivos figura esclarecer si la empresa Blue Solving, responsable de la mina, operaba conforme a los permisos concedidos, ya que las primeras pesquisas apuntan a la posible extracción irregular de carbón en el piso donde se produjo la explosión de grisú.

   Después de varias semanas de debate político acerca de la creación de la comisión, finalmente este jueves se ha constituido el órgano, que presidirá la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. Ahora, la mesa de la comisión deberá decidir cuáles son sus próximos pasos, empezando por la elaboración de un calendario de trabajo.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO?

   Las comisiones de investigación están recogidas en el Reglamento de la Junta General, que entre los artículos 67 y 71 establece que las solicitudes de información y de comparecencias que propongan los Grupos Parlamentarios se formularán y votarán en el seno de las propias comisiones.

   - Las sesiones de las Comisiones de Investigación no serán públicas, excepto aquellas que tengan por objeto la celebración de comparecencias.

   - Las comisiones de investigación podrán requerir la comparecencia de "cualquier persona" para ser oída en el asunto para cuya investigación se haya creado este órgano.

- Una vez notificadas las comparecencias, quienes hayan sido llamados tienen la obligación de asistir y el derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente.

   - Al inicio de la comparecencia, se advertirá al convocado de la sanción que el Código Penal establece para quien falte a la verdad en su testimonio.

TRABAJOS FINALES Y DICTAMEN

   Una vez finalizadas las comparecencias que la comisión fije, y cuando la mesa de la comisión considere que ya han terminado los trabajos, la comisión tendrá dos meses para emitir un dictamen con las conclusiones a las que han llegado. Los Grupos Parlamentarios podrán formular votos particulares a la totalidad o a parte del dictamen.

   El dictamen y los votos particulares serán debatidos conjuntamente en el Pleno y en las votaciones se diferenciará el dictamen de los votos particulares, votándose primero el dictamen.

   El dictamen aprobado por el Pleno y los votos particulares se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta General y serán comunicados por el Presidente de la Cámara al Consejo de Gobierno y, si el dictamen aprobado así lo indicase, se trasladará al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda.

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