OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta General del Principado de Asturias (JGPA) activó en el primer trimestre de 2016 una comisión de investigación relativa a la oleada de incendios acaecidos en Asturias en diciembre de 2015. Era, hasta la fecha, la última gran oleada de incendios en el Principado que causó una importante alarma social. Por el parlamento asturiano pasaron diferentes expertos y responsables políticos para analizar lo ocurrido.
Sin embargo, el dictamen de la mencionada comisión, a pesar de haber sido redactado provisionalmente, aún no ha sido aprobado en la comisión, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias. El texto se encuentra en el trámite de aportaciones de los grupos parlamentarios, que ya están en poder del letrado. Una vez analizadas, tendrá que volver a reunirse la comisión para votar el dictamen definitivo y elevarlo a pleno.
A mediados de diciembre de 2015 se produjeron en Asturias unas altas temperaturas, con viento sur. A partir del día 17 comenzaron a repuntar los focos incendiados y el Gobierno del Principado de Asturias activó el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) el día 19. Los incendios tuvieron incidencia en 58 del total de 78 municipios asturianos.
A comienzos de julio, el presidente de la mencionada comisión de investigación, Pedro Leal, ofreció una rueda de prensa para presentar el dictamen provisional que se sometía al análisis de los grupos. El texto hablaba de "descoordinación y falta de prevención" como causas de lo ocurrido. Además, acusaba al Gobierno del Principado de activar el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturia (Infopa) cuando la situación era ya prácticamente irreversible.
El dictamen presentado por Leal señalaba que se había constatado el "incumplimiento sistemático" de lo establecido en la Estrategia integral de prevención y lucha contra los incendios forestales en Asturias 2013-2016.
Pero además, se establecían responsabilidades políticas. La máxima alcanzaba al socialista Javier Fernández, como máximo jefe del Gobierno asturiano, junto con Guillermo Martínez y María Jesús Álvarez, consejeros de Presidencia y Medio Rural.
El contenido del texto fue rechazado por el PSOE, que vio en el dictamen unos culpables "predefinidos". El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Guillermo Martínez, consideró un día después "muy difícil de justificar" el argumento de que hubiese "reacción tardía" por su parte a la hora de activar el Infopa.
Martínez dijo que echaba "en falta" en el documento provisional dado a conocer por Leal "alguna propuesta de futuro más allá del señalamiento condenatorio, porque los dictámenes han de tener una parte dispositiva".