OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESs) -
La presidenta de Foro Asturias, Cristina Coto, ha dicho este sábado que los mineros asturianos y las empresas del sector del carbón están siendo víctimas de la decisión del socialista Joaquín Almunia como comisario europeo y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) "de poner fecha de cierre al carbón nacional en 2018".
Según ha explicado Coto a través de una nota de prensa, a partir de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) "no ha hecho más que tomar el relevo de sus predecesores para dar a la minería del carbón la estocada definitiva".
Cristina Coto ha dicho que son muy pocos los que están explicando la verdad sobre lo que sucede con el sector del carbón en España, y sobre el presente y el futuro de las comarcas mineras asturianas.
"Este proceso de cierre acelerado de la minería del carbón comenzó cuando el Comisario Europeo de la Competencia, el socialista Almunia, sin ser Comisario de Energía, planteó que el carbón subvencionado europeo tenía un plazo de caducidad, abocando al cierre a los pozos que recibían ayudas al cierre", ha recordado.
También acusó a Almunia de eliminar el concepto de reserva estratégica del carbón autóctono con el que se amparaban las producciones nacionales que favorecían el fortalecimiento de la soberanía energética de cada país.
Coto añadió que el plan de la minería firmado en 2012 es un documento de cierres de pozos mineros que, tras llevar tres años en vigor, acumula un retraso importante en el pago de las menguantes ayudas al sector, además de no exigir a las centrales térmicas el cumplimiento de la exigencia de compra de carbón autóctono.
JAVIER FERNÁNDEZ
La portavoz de Foro también ha cargado contra el presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernandez, por apoyar la firma de ese plan del carbón que era en realidad "un plan de cierre encubierto".
Cristina Coto advirtió finalmente que conformarse ahora con garantizar suministros limitando las ventas a las centrales térmicas de algo más del 50% de las toneladas de carbón que recogía el anterior decreto "es un consentimiento de cierre por imposición administrativa que solo favorece a Galicia y a Aragón".
