Pide un incremento de la partida porque con esta cantidad "las posibilidades de actuación son nulas"
OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno asturiano ha acusado al Central de "desprecio" por haber informado, desde el Ministerio de Industria, en la reunión mantenida el pasado viernes con el Gobierno del Principado y las centrales sindicales mineras asturianas "que tan sólo puede garantizar nueve millones de euros de libre disposición en 2012 para la firma de nuevos convenios de infraestructuras".
A través de una nota de prensa, la Consejería de Economía y Empleo señala que "las reducciones acometidas en los últimos años en las partidas de libre disposición han ido ampliándose de forma drástica hasta alcanzar esta cantidad". Con estas perspectivas, "las posibilidades de actuación y firma de nuevos convenios serán prácticamente nulas para el próximo ejercicio", lamenta el Gobierno autonómico.
Además, el Ejecutivo regional informa de que "está a la espera de que el Ministerio de Economía y Hacienda emita un informe preceptivo necesario para desbloquear diecisiete convenios del Plan de la Minería cuyo importe supera los 184 millones de euros".
Así, recuerda que "inició hace casi un mes las gestiones para tramitar el documento. Tras varios intentos, el consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero, contactó con el jefe del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, instando la urgencia de su tramitación, a pesar de lo cual aún no se ha recibido respuesta".
Desde la Administración que dirige Francisco Álvarez Cascos se critica el "nulo interés del Gobierno central en funciones", y se anuncia que "el Ejecutivo regional reivindicará ante el Gobierno entrante el cumplimiento íntegro del Plan con todas las cantidades comprometidas hasta el día de hoy y de lo que resta por el ejercicio 2012". El Plan 1998-2005 comprometía para el Principado 1.340 millones de euros y el Plan 2006-2012, 655 millones de euros.
Desde su punto de vista, "la disposición de sólo nueve millones de euros para toda España refleja el desprecio del Gobierno en funciones por el porvenir económico de las comarcas mineras, y por un sector que atraviesa graves dificultades".
