OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
Representantes de la Junta de Personal Docente de centros no universitarios han comparecido este lunes en rueda de prensa para urgir a la Consejería de Educación a mejorar la implantación del nuevo programa de gestión económica de los centros educativos públicos, GICE, y corregir los problemas técnicos que, sostienen, está generando.
Además, exigen que el Principado asuma "toda sanción administrativa o procedimiento jurídico que puedan derivarse de la implantación del programa de gestión económica en los centros escolares".
La presidenta de la Junta de Personal y representante de CCOO, Marta Mori, explicó que el programa se empezó a implantar en octubre, pero de forma escalonada, y muchos secretarios no recibieron hasta enero la formación específica. Así, apunta que "muchos centros" no han podido formalizar el cierre del ejercicio 2019.
De este modo, desde la Junta de Personal, conformada por ANPE, UGT, Suatea, CSIF y Sintta, advierten del riesgo de que haya centros que incurran en morosidad al no poder pagar a tiempo a proveedores, así como de la existencia de fallos en la emisión de facturas y errores en la migración de datos desde el anterior programa de gestión al actual.
Isabel González, de Suatea, ha lamentado que no se optara por fijar un periodo de transición en el que convivieran la plataforma anterior y el nuevo sistema de gestión.
Desde ANPE, Pepe Rubio añadió que los secretarios de los centros están teniendo problemas técnicos que no pueden resolver al no contar, en la mayoría de los casos, con la formación técnica y el asesoramiento comprometidos. Así, ha criticado la "pasividad" con la que, dice, está actuando la Consejería.