Moriyón acepta reunirse con Roqueñí pero avisa que seguirá defendiendo los derechos legítimos de lo acordado

GIJÓN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha aceptado este viernes la invitación de reunión de la presidenta de la Autoridad Portuaria gijonesa, Nieves Roqueñí, a la que ha advertido de que seguirá defendiendo los derechos legítimos del acuerdo de cesión de la franja litoral del ámbito del antiguo astillero Naval Gijón.

"No es una marcha atrás a los acuerdos", ha dejado claro la regidora gijonesa, quien ha recalcado que esto no supone "ninguna interrupción" del acuerdo.

"No me diga que no siga defendiendo lo que creo que es mejor para Gijón", ha insistido durante su intervención en un tenso Consejo Social Municipal que ha durado algo más de dos horas y en el que ha participado, además de Roqueñí, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, por parte del Principado, en calidad de invitado.

Si bien Moriyón, y otros miembros del citado Consejo y de la Corporación Municipal, han hecho valer el acuerdo alcanzado con el anterior presidente portuario, Laureano Lourido, tanto Calvo como Roqueñí han apelado a la necesidad de ajustar el expediente de cesión al marco jurídico y administrativo pertinente y han defendido una propuesta de convenio remitida desde el puerto gijonés para hacerse cargo de la adecuación de ese espacio.

La regidora, por su parte, ha hecho un relato temporal de lo acontecido con los terrenos de Naval Gijón y ha recordado que cuando se aprobó el Plan General de Ordenación (PGO) no hubo alegaciones del puerto gijonés.

También ha hecho valer que el Ayuntamiento, aún sin esta franja, es el propietario mayoritario de ese ámbito, por lo que tiene "capacidad y autonomía" para actuar sobre todo el paseo.

Al tiempo, ha recordado que en el Consejo de Administración del puerto se aprobó el pliego de condiciones de compraventa, que incluía la cesión de la franja, aunque se tramitaba en dos expedientes distintos. A esto ha sumado el informe, no vinculante, de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, favorable a esta cesión.

Por otra parte, ha apuntado que en 2024 el Pleno aprobó la compra de los terrenos por 4,7 millones, que llevaba pareja una cesión gratuita de la franja litoral. Hubo un acto público, además, de esta compraventa, donde en la nota de prensa del secretario de Estado se hizo constar no solo la compra, sino la cesión de la franja.

Sin embargo, tras el cambio en la Presidencia de la Autoridad Portuaria, desde El Musel se les indico la intención de conservar el control de esta franja litoral. Pasado un tiempo, el pasado día 12, la Junta de Gobierno local acordó formular un requerimiento a El Musel para completar el expediente de cesión en el plazo de un mes, y, en paralelo, el inicio del Plan Especial de este ámbito.

Asimismo, ha apuntado que el Ayuntamiento ejecutará una adecuación provisional "inmediata" en todo el paseo, dentro de lo fijado en la ficha urbanística. También, según ella, se mantiene "abierta y viva" la negociación con Pymar para adquirir el resto de los terrenos.

Ha trasladado al Consejo, eso sí, que transformar un ámbito desde el punto de vista urbanístico para convertirlo en un polo de atracción económica puede llevar un mandato.

Respecto al convenio planteado por el puerto, ha afirmado que no es acorde con el planeamiento vigente en Gijón, y se necesita un cambio del Plan General de Ordenación (PGO).

Moriyón ha recalcado que el objetivo primordial es que el 80 por ciento de ese ámbito debe ir destinado a motor económico de la ciudad, por lo que ha alertado de que cualquier decisión podría comprometer este objetivo. Ha puesto el ejemplo, que una modificación del PGO reciente requirió de dos años.

A mayores, ha incidido en que la propuesta del puerto restringe el paso en el paseo al proponer láminas de agua para actividades náuticas. Con todo, ha recalcado que genera "incertidumbre" en empresas interesadas en 'Naval Azul' si se crea una zona para estas actividades.

"Estamos pidiendo que se cumpla el acuerdo al que habíamos llegado", ha reiterado Moriyón, quien ha matizado que no solo se trata de incumplimiento de un contrato, sino que puede retrasar, y a mayores comprometer, los objetivos marcados en 'Naval Azul'.

CONVENIO PORTUARIO

Por su lado, Roqueñí, que ha lamentado que Moriyón no hubiera aceptado antes sentar a dialogar, ha explicado que cuando accedió a la Presidencia portuaria se encontró con dos expedientes, uno terminado, la venta de terrenos, y otro "incompleto".

En este sentido, ha defendido que, más allá del acuerdo con el anterior presidente de El Musel, debe imperar la legalidad y que las decisiones se tomen en el Consejo del puerto. Ha asegurado, unido a ello, que no tenía ni un informe de técnicos del puerto sobre lo que se puede hacer en esa parcela y ha agregado que se puso a trabajar en ello "desde el minuto uno".

A su juicio, el objetivo de ambas administraciones es el mismo: abrir "cuanto antes" la franja litoral al uso público". De ahí que propusieran un convenio al Ayuntamiento en el que se ofrecen a asumir la obra de adecuación, al que el no se le dio respuesta y se filtró a los medios.

"Eso no es lealtad institucional", le ha recriminado. "Creo que nos merecemos un respeto", ha añadido. Al tiempo, ha matizado que lo que acordó el Ayuntamiento no es cesión de dominio, sino de uso, tal como la Autoridad Portuaria que preside ha ofrecido "desde el minuto uno".

Sobre reservar el acceso a la lámina de agua, ha explicado que no es para hacer un centro deportivo, sino por si hay práctica deportiva náutica, que se pueda permitir el acceso. "Al puerto la obra le sale gratis", ha remarcado.

Ante estas palabras, Moriyón ha replicado que el Ayuntamiento no tiene culpa si por parte de los responsables portuarios la tramitación no fue adecuada.

También ha dicho no entender que en el convenio se contemplen usos náuticos deportivos, que puede restringir el paso de personas en determinados momentos. Por otro lado, ha recalcado que el problema no es quién haga la obra, sino que se cumpla la norma urbanística.

CESIÓN DENTRO DE LA LEGALIDAD

Calvo, por su lado, ha asegurado que "en ningún caso" se contradice la cesión gratuita, pero ha visto preciso hacerlo de acuerdo a condiciones "legales y administrativas".

"En ningún caso se ha puesto en duda en el Consejo de Administración", ha insistido sobre el acuerdo entre Lourido y el Ayuntamiento. "La negociación igual no se hizo en los términos adecuados", ha reconocido.

CONSENSO

Por parte del resto de miembros del Consejo, ha habido prácticamente unanimidad en la necesidad de llegar a un consenso, pero con una amplia mayoría que ha exigido el cumplimiento de lo acordado.

A mayores, varias han sido las voces críticas con la actuación del Principado y han visto en este asunto un conflicto entre partidos, PSOE y Foro, por ver "quién coloca la primera piedra". "Los compromisos hay que cumplirlos", ha recalcado el presidente de la Federación Vecinal (FAV), Manuel Cañete.

El edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha recriminado a Calvo, incuso, que se use a la Autoridad Portuaria para hacer "daño" al Ayuntamiento, a lo que le ha advertido de que este "está unido y va a ir unido a donde haga falta". El PP, por su lado, ha culpado al puerto de generar "incertidumbre" en el tejido empresarial.

"La concreción jurídica del acuerdo no puede cambiar el contenido del mismo", han recalcado desde IU, mientras que desde Vox se ha advertido de que "judicializar el asunto va a suponer retrasos, costes añadidos y un distanciamiento entre dos instituciones que deberían funcionar coordinadamente".

"Hay que respetar los acuerdos, pero desde la legalidad", se ha defendido el portavoz socialista municipal, Luis Manuel Flórez 'Floro', de las acusaciones de intentar boicotear el proyecto.