BRUSELAS/OVIEDO, 13 Jul. (EUEOPA PRESS) -
Varias organizaciones ecologistas como Oceana, WWF y Greenpeace han criticado falta de ambición en la reforma de la política pesquera común (PCP) que la comisaria del ramo, Maria Damanaki, ha presentado este miércoles como un paquete de cambios "drásticos" para proteger los recursos pesqueros que gestiona la Unión Europea.
En opinión de Oceana, el documento de Damanaki "no cambia en nada" la situación de tres cuartas partes de las especies que la flota comunitaria explota comercialmente sin medidas de gestión específicas.
El director ejecutivo para Europa de Oceana, Xavier Pastor, reconoce en un comunicado que la reforma muestra una "clara intención" de enfocar la gestión de los recursos en base a planes a largo plazo que sustituyan el actual modelo "insostenible".
Sin embargo, dice que la contundencia de los mensajes de la comisaria en los últimos meses, anunciando su compromiso para recuperar los stocks pesqueros y cuidar el medio ambiente, se han traducido en una "falta de soluciones necesarias" en el documento de la Comisión y apela a los Estados miembros y al Parlamento Europeo a "garantizar" que la reforma que finalmente se apruebe coloca a Europa "en el buen camino de la pesca sostenible".
Ocena, además, critica la idea de crear un mercado de derechos de pesca individuales para que los pescadores puedan comercializar con estas concesiones dentro de su Estado miembro, en la línea de otras organizaciones ecologistas, que temen una 'privatización de los mares'.
En concreto, Oceana no ve con buenos ojos que Bruselas proponga dar 'concesiones' de quince años a los pescadores sin establecer ningún tipo de restricciones, pese a la excesiva capacidad de la flota comunitaria.
Para Greenpeace, es "poco probable" que los planteamientos de Damanaki puedan cumplir con los objetivos "ambiciosos" que se ha marcado para lograr en 2015 una pesca sostenible --que respete el rendimiento máximo sostenible--, porque no aclara "medidas concretas" para reducir el tamaño de la flota comunitaria.
Por su parte, el director de WWF para Europa, Tony Long, ha señalado la "alarma creciente" en la opinión pública y empresas respecto a la "desastrosa gestión" de las pesquerías europeas y ha lamentado que Bruselas haya presentado un cambio "decepcionante", que "deja demasiadas cosas al azar".
Long reconoce "algunos elementos potencialmente buenos" como la necesidad de explotar las poblaciones a niveles que garanticen su supervivencia y la idea de fijar planes plurianuales para ello, pero critica que no presente instrumentos concretos para ello.
Por ello, WWF insta a la Eurocámara y a los Veintisiete, con quien Bruselas ha de negociar esta reforma, a "mejorar rotundamente" los planteamientos de Damanaki. También pide más concreción en los calendarios y responsabilidades sobre la puesta en marcha de los planes a largo plazo.
Además, celebra la lucha de la comisaria contra los descartes (la pesca no deseada que es devuelta al mar) pero advierte del riesgo de que se abra un nuevo mercado para estas especies accesorias, en lugar de alentar a los pescadores a tomar medidas para evitar estas capturas. También muestra su preocupación ante el objetivo comunitario de "desarrollar" la acuicultura, ya que en opinión de los ecologistas debería de "regulares" y no potenciarse.
PROPUESTA DE BRUSELAS
Damanaki ha presentado hoy su propuesta para llevar a cabo una "drástica" reforma de la política pesquera común (PCP) a partir de 2013, que permita proteger unos recursos cada vez más explotados. Para ello, la comisaria sugiere cambios como basar en datos científicos y no tanto en negociaciones políticas el reparto de cuotas de pesca para la flota comunitaria.
En esta línea, Bruselas aboga por establecer planes plurianuales para gestionar cada pesquería, 'regionalizar' la política pesquera para ofrecer "soluciones locales" y también por vetar progresivamente los descartes, esto es, la pesca no deseada que se devuelve al mar, con el fin de que esta práctica quede definitivamente vetada en el horizonte de 2016.
También plantea "reducir la dependencia" de las ayudas por parte del sector porque considera probado que los subsidios para la reconversión da la flota y la reducción del esfuerzo pesquero no han dado resultado.
En su lugar, apuesta por crear un mercado de cuotas individuales (o 'concesiones') para que los pescadores de un mismo Estado miembro puedan vender y comprar sus derechos entre sí. Sin embargo, prevé 'salvaguardas' para evitar que puedan acceder a los derechos de otros países, ante las reservas de algunos gobiernos europeos y asociaciones ecologistas que temen la "privatización" del mar por parte de las flotas más fuertes, entre ellas la española.
