OVIEDO 14 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular volvió a acusar hoy al Gobierno del Principado de "vulnerar sistemáticamente" la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En esta ocasión los 'populares' aludieron a los informes de la Intervención General del Principado referentes a 2004 y 2005 en relación con el Instituto de Desarrollo Económico (IDEPA) y con la Sociedad de Servicios (SERPA).
Los diputados regionales Alejandra Cuétara y Ramón García Cañal fueron los encargados de presentar dichos informes en rueda de prensa. Cuétara manifestó que "lo que está ocurriendo es muy grave", porque el presidente regional "ha convertido en algo normal estas prácticas".
Así, Alejandra Cuétara indicó que los informes del Interventor coinciden con todos los anteriores presentados por parte del Tribunal de Cuentas y de la Sindicatura. "Recuerdo que ninguno de estos organismos es afiliado al PP y todos coinciden en destacar las prácticas ilegales que vulneran una y otra vez la ley", dijo Cuétara.
La diputada 'popular' aseguró que el Ejecutivo regional ha convertido en "una especie de túnel de lavodo del dinero público las empresas y fundaciones públicas y se ha acostumbrado a "estas prácticas ilegales que ve normales".
En lo referido al informe sobre el ejercicio 2004 del IDEPA, se constata que el organismo --a fecha de mayo de 2006-- aun no había tramitado la devolución de unas cantidades pagadas indebidamente a una agencia de viajes por importe de más de 12.000 euros.
"Exigimos que el señor Areces nos explique si a día de hoy se ha devuelto ese dinero, que es dinero de todos los contribuyentes", dijo Alejandra Cuétara, que se refirió también al incumplimiento de la Ley de Contratos en 16 de los 47 expedientes analizados.
Según explicó el informe del Interventor recoge que se recurre de manera constante al fraccionamiento de las contrataciones para reducir su cuantía y de este modo poder adjudicarlas sin necesidad de recurrir al concurso público.
Algo similar se recoge en los informes referentes a la actividad de la empresa pública SERPA, que además de fraccionar los contratos, también se incumple el requisito de limitar el 50% de la obra contratada que debe ser realizada por la propia empresa.
"Lo que vemos es que la empresa SERPA se utiliza para derivar contratos de diferentes consejerías a otras empresas fraccionando dichos contratos para vulnerar la Ley", concluyó Cañal.
