PP y Maeve denuncian el "grave deterioro" de los PEF en Asturias y exigen una revisión integral del sistema

La diputada del PP de Asturias, Beatriz Polledo, y la presidenta de la Asociación Maeve, Marina González, durante la rueda de prensa en la Junta General.
La diputada del PP de Asturias, Beatriz Polledo, y la presidenta de la Asociación Maeve, Marina González, durante la rueda de prensa en la Junta General. - EUROPA PRESS
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 17 octubre 2025 12:04

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP de Asturias Beatriz Polledo y la Asociación Maeve ha denunciado este viernes el "grave deterioro estructural y funcional" de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en Asturias, alertando de que "ya no son espacios seguros" y que están "revictimizando a mujeres víctimas de violencia de género y poniendo en riesgo a menores".

Polledo ha ofrecido una rueda de prensa en la Junta General junto a la presidenta de la asociación, Marina González Lava, para exigir una intervención "urgente" de la administración autonómica que garantice una atención segura, profesional y con enfoque de género en estos centros. Según ha explicado, el PP presentará una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento asturiano para exigir una revisión "integral e independiente" del funcionamiento de los PEF y la implantación de un sistema de supervisión externo y transparente.

La diputada 'popular' ha recordado que la consejera de Derechos Sociales reconoció en su comparecencia en una comisión parlamentaria que existe un malestar generalizado en los PEF, pero "intentó minimizarlo escudándose en que solo hay dos quejas por escrito", algo que a juicio del PP "parece una estrategia política vergonzosa". Polledo ha subrayado que muchas mujeres no presentan quejas formales por miedo, desconfianza o falta de resultados.

En esa línea, Polledo ha denunciado la elaboración de informes sin supervisión de las visitas, "copias y pegas" que se repiten en distintos casos, omisión de incidentes graves y errores sistemáticos que "condicionan decisiones judiciales en materia de custodia y visitas". A ello suma la falta de personal formado en violencia de género y en la elaboración de informes individualizados.

"Estamos viendo informes sesgados que cuestionan el testimonio de madres víctimas, menores expuestos a situaciones de riesgo y un sistema que revictimiza en lugar de proteger". La presidenta de Maeve ha añadido que "el 90% de los casos en los PEF tienen origen judicial y el 80% están relacionados con violencia de género".

Polledo ha reclamado la creación de protocolos claros, transparencia en la gestión de quejas, y formación especializada con enfoque de género para los profesionales de los PEF. "Exigimos que se garantice el bienestar de los menores y los derechos de las mujeres. A día de hoy, los puntos de encuentro familiar no son entornos seguros", ha zanjado, acusando al Gobierno del PSOE de dejación de funciones.

QUEJAS CONSTANTES DESDE HACE UNA DÉCADA

Por su parte, González ha respaldado el diagnóstico y ha alertado de que las víctimas de violencia de género sufren una "victimización secundaria" en su paso por el sistema. "Recibimos quejas constantes desde hace décadas. La falta de formación, de seguimiento y de empatía institucional provoca una sensación de desamparo en las mujeres", ha indicado.

La presidenta de Maeve ha denunciado que no se elaboran informes iniciales, ni planes de intervención, ni se informa adecuadamente a las madres --que en su mayoría son las custodias-- sobre los procedimientos. También ha advertido de contradicciones y errores formales graves en los informes, que sin embargo son utilizados por los juzgados para modificar regímenes de visitas o incluso custodias.

"Conocemos casos donde se propone una custodia compartida pese a que el menor entra y sale llorando del centro y verbaliza que no quiere estar allí", ha lamentado. González ha insistido en que los PEF no fueron diseñados originalmente para tratar casos de violencia de género, y que su funcionamiento actual requiere una reforma urgente, tanto normativa como estructural.

Finalmente, ambas han coincidido en que el sistema debe ser reformado en profundidad para garantizar que el interés superior del menor y los derechos de las víctimas de violencia de género no queden desprotegidos.

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