El Principado destinó el 77,7% de los fondos de compensación interterritorial a carreteras en 2024, según la Sindicatura

   OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha aprobado el informe sobre los proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI), ejercicio 2024. En el informe se destaca que el Gobierno asturiano destinó el 77,7 por ciento de los fondos a carreteras.

   El Estado asignó al Principado de Asturias 13,98 millones de euros, la misma cantidad que en 2023. El documento destaca que la dotación global de los Fondos de Compensación Interterritorial permanece congelada desde hace una década en 432,43 millones de euros, lo que, a juicio de la Sindicatura, "interpela sobre su validez para cumplir la finalidad constitucional de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad".

   Los fondos en Asturias fueron destinados a 27 proyectos específicos, el 77,7 por ciento a carreteras y, el resto, a proyectos de desarrollo local. Entre las obras están la carretera Moreda- Boo-Bustillé; el desdoblamiento de la AS-17 entre Bobes y San Miguel de la Barreda, o la renovación de abastecimiento en el Picu-Llanera.

   El trabajo de fiscalización tuvo como objetivos comprobar la legalidad y la contabilización de las actuaciones realizadas por los gestores de los fondos. En ese sentido, la Sindicatura de Cuentas emite una opinión favorable y el informe reitera las tres recomendaciones ya incluidas en la fiscalización de los proyectos financiados con los FCI de 2021, 2022 y 2023.

   Según la Sindicatura, la Administración del Principado de Asturias asegura que "no ha aplicado, pero sí tomado en consideración, la referida a que la Intervención General incluyese los FCI en su Plan Anual de Control Financiero Permanente", con el objeto de verificar si se aplicaron dando cumplimiento a la normativa y, en general, si su gestión se ajusta a los principios de economía, eficacia y eficiencia. En ese sentido, explica que la Intervención General está tratando de reforzar el área competente para poder asumir esta tarea.

   Por el contrario, la Administración del Principado de Asturias insiste en que no ha aplicado las otras dos porque "discrepa" de ellas. Así, la Sindicatura pone de manifiesto que el Principado no comparte la recomendación de que la Administración tenga que justificar el criterio seguido para escoger los proyectos que se financian con los FCI dentro de una estrategia de desarrollo regional.

   Tampoco aquella que aconseja integrar la justificación de esos criterios dentro de una fase previa de planificación de las inversiones que se incluyen en el presupuesto, con adecuados indicadores que permitan medir su eficacia, eficiencia, sostenibilidad ambiental u otros criterios de buena gestión.