El Principado señala que la Ley para integrar Arriondas en el Sespa podría ser declarada "inconstitucional"

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias apunta que la Ley que resulte de la propuesta de PP e IU para la integración de la Fundación del Hospital de Arriondas y su personal en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) podría ser declarada "inconstitucional".

En este sentido, el Ejecutivo asturiano argumenta que una Ley que vulnera el reglamento del Parlamento incurre en inconstitucionalidad, del mismo modo que señala que la incorporación de los empleados de la Fundación al Sespa como personal laboral fijo sin pasar oposición también sería inconstitucional, ya que el acceso al empleo público está regulado en el Estatuto del Empleado público y en la Constitución.

"Ninguna ley autonómica puede hacer empleado público a nadie", sostiene remarcando que el acceso al empleo público es un derecho fundamental. Asimismo, señala que podría ser impugnada por particulares a través de un tribunal, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Gobierno de España o 50 diputados o senadores.

En un encuentro con los medios de comunicación, los consejeros de Salud y Servicios Sanitarios, Ramón Quirós, y la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, incidieron en que en el proceso se ha vulnerado el reglamento de la Cámara, algo que consideraron un "insólito atropello" y remarcaron es la primera vez que sucede en toda la historia de la democracia en Asturias.

En concreto, señalaron que una de las enmiendas parciales presentada por IU a la proposición de Ley del Principado de Asturias para la transformación en fundación pública de la fundación privada 'Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián' y para la integración de dicha fundación pública y su personal en el Sespa, presentada por el PP, "no es parcial sino a la totalidad", ya que no se propone la transformación de la fundación en pública --que ya está vigente-- sino que se "extinga".

Asimismo, remarcaron que no se atendieron los dos informes jurídicos elaborados por el letrado de la Comisión de Salud y el letrado mayor de la Junta, vulnerando el reglamento de la Cámara, en los que se apunta que la disconformidad del Consejo de Gobierno no es infundada.

Del mismo modo, explicaron que la disconformidad se basaba en los gastos generados por el proceso, tanto en la integración de la Fundación como en el pago vinculado al desarrollo de la Carrera Profesional, y que se estiman en más de 360.000 euros.

Desde el Gobierno se lamenta que "a pesar de las irregularidades de procedimiento y las graves consecuencias que la integración de Arriondas en el Sespa tenga para la estabilidad laboral de los empleados", el PP e IU sigan hacia delante. Al respecto, espera que mañana en la sesión plenaria en la que se votará el rechazo a la disconformidad del Ejecutivo a la proposición de Ley, ambos grupos parlamentarios "reconsideren" su postura.

Para el Principado este asunto es de "mucha gravedad" por cómo se ha tramitado y por las consecuencias que pueda tener para el servicio y los empleados, por lo que los consejeros reconocieron que la postura de IU supone la existencia de "fricción" en el pacto de Gobierno. No obstante, apuntaron que habrá que ver como se desarrollan los acontecimientos.

Además, desde el Gobierno asturiano se considera un problema que se pretenda poner en marcha una ley para un grupo particular que penaliza a la mayoría. Así, apunta al agravio comparativo que supone hacia el resto de personal del Sespa que accede al puesto de trabajo a través de oposición y hacia los más de 2.000 interinos que hay en la comunidad. Igualmente, remarca que el personal laboral es empleado público igual que el personal funcionario o estatutario, por lo que acceden a su puesto por el mismo procedimiento.

De hecho, el Principado ha recibido, vía registro, 237 escritos de personas que trabajan en la Administración sanitaria tanto asturiana como de otras comunidades, en los que advierten que recurrirán si los empleados del hospital de Arriondas pasan a ser personal laboral sin pasar pruebas abiertas.

FÓRMULA MIXTA Y REFLEXIÓN DE PP E IU

Por todo ello, Migoya y Quirós apuntaron que el Principado sigue defendiendo una fórmula mixta en la que el Sespa vaya ganando progresivamente peso en la gestión del hospital frente a la Fundación, se garanticen los puestos de trabajo de los empleados de la Fundación en las condiciones actuales, y las plazas que se vayan renovando se hagan a través de ofertas públicas de empleo, siendo los nuevos miembros empleados públicos.

Para el Gobierno esta fórmula es la más viable y la más garantista, por lo que lamenta que tanto los grupos parlamentarios de PP e IU, como el Comité de Empresa de la Fundación la rechacen.

Frente a los argumentos de que en otras comunidades se ha utilizado la misma vía parlamentaria para integrar fundaciones o patronatos en la Administración, señalaron que la situación del hospital de Verín (Pontevedra) se encuentra recurrida, al igual que ocurre con otros casos de Almería o Córdoba.

"La voluntad política llega hasta donde empiezan las leyes", dijo Quirós. Asimismo, señaló que es diferente ser empleado de una empresa pública que ser empleado público, situación esta última para la que es indispensable pasar una oposición. Además, lamentó que en el último año se ha rebajado de forma "no casual" la calidad asistencial del centro, que en su momento fue el mejor considerado de Asturias.

Migoya remarcó, además, que el cambio que implicará la ley no repercutirá de forma beneficiosa ni en los usuarios, ni en el funcionamiento ni en los recursos del centro, ni en los 300 trabajadores del hospital. "Volvemos a hacer un llamamiento a las fuerzas políticas a que reflexionen sobre las consecuencias nefastas que se pudieran derivar de esta iniciativa para la dinámica del hospital y los trabajadores", dijo.