La iniciativa, que se centra en seis áreas, será efectiva en 2012
OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Asturias está desarrollando un proyecto cuyo objetivo es conseguir la reducción en un 30% de las cargas administrativas, costes económicos que las empresas soportan para cumplir con distintas obligaciones. La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, acompañada por el Director General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Alberto Pérez Cueto, presentó esta mañana el proyecto, que pretende ser efectivo en 2012. Para ello se llevarán a cabo dos tipos de actuaciones:
Por un lado, se miden las cargas administrativas, algo que permitirá cuantificar el esfuerzo económico actual en los ámbitos de estudio seleccionados por parte de las empresas asturianas, así como valorar el impacto de las medidas de reducción que se planteen.
Además, se definirán actuaciones de reducción de cargas administrativas, con el diseño de aquellas medidas que faciliten una reducción de las cargas administrativas.
El proyecto se centra en el análisis de 6 áreas: entorno laboral; contratación pública; autorizaciones y registros; medio ambiente; estadística; y ayudas y subvenciones.
La primera fase del proyecto, de análisis inicial, identificación de obligaciones y preparación del trabajo de campo, ya se ha realizado. Se han analizado 239 normas relativas a las áreas prioritarias de estudio, así como 38 pliegos de contratación tipo y 286 fichas de autorizaciones y registros y 194 fichas de ayudas y subvenciones de entre las existentes en la web, www.asturias.es. Finalmente, se han seleccionado 190 normas de las cuáles se han seleccionado las obligaciones. Se han identificado más de 250 obligaciones., priorizadas sobre unos criterios.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase 2, relativa a medir los costes administrativos de las áreas prioritarias. Además, se están identificando las empresas que participarán en el proceso de medición, con la colaboración al respecto de FADE (Federación Asturiana de Empresarios) y de las diversas Consejerías del Principado de Asturias. Al mismo tiempo, se está elaborando el plan de entrevistas para el control y seguimiento de la evolución del proceso de medición. Se calcula que durante el proceso se contactará con unas 200 empresas.
La tercera y última fase será la elaboración del Informe final para la implantación de las medidas identificadas para la reducción de cargas administrativas, teniendo en cuenta aspectos como la administración electrónica, la modificación normativa y la simplificación de trámites.
INTEROPERABILIDAD
Migoya ofreció también datos sobre otra de las iniciativas que está impulsando el Gobierno de Asturias y que está encaminada a evitar que los ciudadanos y las empresas aporten documentos que ya se encuentran en poder de la Administración.
Hasta el momento, el Gobierno de Asturias ha aprobado diversas resoluciones por las que en los procedimientos tramitados se suprime la obligación de los ciudadanos de aportar los siguientes documentos: fotocopia del DNI/NIE y Certificado de empadronamiento; certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT); certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social; certificación catastral y certificado de grado de discapacidad.
A 31 de mayo de 2010, el número de documentos que se han dejado de solicitar en la Administración regional es de 47.806. De esa cantidad, 3.859 son certificados de castro; 851 certificados de discapacidad; 5.124 de estar al corriente del pago de la AEAT; 19.262 del NIF; 10.123 de estar al corriente de pago al ente tributario asturiano; 4.657 certificados de empadronamiento; y 3.960 de Tesorería General de la Seguridad Social.
