Tomé (G.Mixto) propone reformar la ley de transparencia para limitar nombramientos tras el de Díaz Ortiz en Educación

   OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, defenderá una proposición de ley para reformar la 'Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias' que limita los nombramientos de altos cargos cuya honorabilidad se haya puesto en cuestión. Tomé hace esta propuesta tras el nombramiento del nuevo secretario general técnico de la Consejería de Educación, Francisco José Díaz Ortiz, quien fue señalado en la comisión de investigación del Caso Marea por su "dejación de funciones" en el pasado.

   En una rueda de prensa, Tomé ha explicado que, si bien con esta modificación de la ley no se puede revocar el nombramiento de Díaz Ortiz, sí se puede evitar que vuelva a ocurrir en el futuro lo mismo. Respecto al secretario general técnico, ha pedido a quienes le han nombrado que "actúen en función de la información que van recibiendo".

   A su juicio, este tipo de nombramientos "no irregulares, pero como poco antiestéticos" hay que tender a "no volver a hacerlos y a revocar los que se hicieron". "Este nombramiento es inadmisible", ha insistido.

PÉRDIDA DE HONORABILIDAD

   La ley que Tomé quiere reformar incluye en su artículo 30, referido a la idoneidad del alto cargo, varios puntos en los que regula en qué personas "no concurre la honorabilidad" necesaria para el cargo. Entre ellos se encuentran personas condenadas por sentencia firme por varios delitos, inhabilitados, o sancionados por la comisión de una infracción muy grave.

   La diputada del Grupo Mixto quiere incluir un epígrafe adicional a este listado en el que figuren como personas que han perdido la honorabilidad quienes hayan sido "señalados" en el dictamen de una comisión de investigación del parlamento asturiano por su responsabilidad como cargo público.

   En el caso de Díaz Ortiz, Tomé ha explicado que está ocupando un cargo "idéntico" al que ocupaba en la Consejería de Cultura cuando ocurrió el caso Marea --una trama de adjudicación irregular de contratos públicos en la Consejería de Educación entre los años 2001 y 2010--. La comisión de investigación que se impulsó en 2013 en el parlamento asturiano sobre este caso concluyó que en el desempeño de su cargo, Díaz Ortiz y otros funcionarios habían incurrido en negligencia por dejación de funciones, que facilitó las actuaciones de Marta Renedo.

   "Si estos funcionarios, este en concreto, hubiera hecho su trabajo de forma adecuada, Marta Renedo no habría tenido oportunidad de hacer lo que hizo", ha concluido Tomé.

UN "PROBLEMA AÑADIDO" EN LA REFORMA DE LA LEY

   Tomé ha explicado que a la hora de abordar la reforma de la ley de transparencia, se ha encontrado con un "problema añadido", ya que habla de la creación de una oficina de buen gobierno y un consejo de transparencia que, siete años después de la entrada en vigor de la norma, no se han creado.

   Estos organismos deberían gestionar las declaraciones responsables que los altos cargos deben presentar y deberían estar en funcionamiento a los seis meses de la aprobación de la ley.