OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Audiencia acoge este martes la segunda sesión del juicio del Caso Niemeyer en la que el ex director del Centro cultural, Natalio Grueso, acusado de un delito de malversación, ha seguido prestando declaración como acusado y ha vuelto a reiterar que era el entonces presidente Vicente Álvarez Areces quien daba las órdenes. Además ha relatado como el Principado incumplió el convenio para la financiación del Centro.
Ha explicado, a preguntas de otro de los acusados el exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, que se representa a si mismo, que el patronato de la Fundación Niemeyer estaba controlado por "personas y cargos públicos todos ellos del PSOE y era el señor Areces el que les daba las órdenes oportunas porque era su jefe".
"Yo despachaba habitualmente con el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces y el apoyo de su Secretario Técnico y viceconsejero Víctor Manuel Suárez. Por otro lado despacho con la consejera de Cultura y también lo hago continuamente con la alcaldesa de Avilés, con el resto de patronos era una relación cordial", ha indicado Grueso, que ha vuelto a insistir en esta jornada que la Fundación Niemeyer "nace de la Fundación Príncipe de Asturias, era una spinn-off del mismo".
También a preguntas de José Luis Rebollo, para el que Fiscalía pide dos años y tres meses de prisión por el delito continuado societario y el pago de una multa de 7.200 euros, ha explicado el funcionamiento del Patronato de la Fundación Niemeyer cuyas reuniones eran "pocas y breves".
Ha explicado que "el acto formal de reunión del Patronato, se llevaba a cabo una vez al año y duraba apenas unos 45 minutos, porque las decisiones ya estaban más o menos discutidas con anterioridad y habían sido despachadas con el propio Vicente Álvarez Areces.
"Había una persona que era clave en la interlocución que hacía de enlace y que era el secretario Técnico de Presidencia y Viceconsejero, Víctor Manuel Suárez y a partir de un determinado momento Dolores Carcedo, consejera de Hacienda", ha explicado.
También ha relatado ante el Tribunal los detalles del convenio rubricado por el entonces presidente regional, Vicente Álvarez Areces, para dotar de financiación al centro y que posteriormente el Gobierno incumple al no aportar las cantidades acordadas.
"Tuve que elegir entre irme y abandonar el proyecto o hacer lo que podía con la miseria que aportaban", ha dicho el procesado que ha explicado que desde la Fundación hubo que destinar a parte del equipamiento y a subsanar numerosos defectos de la obra o ausencia de mobiliario como las butacas del auditorio las cantidades que deberían ir a la programación cultural.
Ante esta situación ha asegurado que sus quejas al Patronato ante la falta de financiación eran constantes por lo que le propusieron compensar esas carencias haciéndose cargo desde el Gobierno regional de algunas facturas.
PREGUNTAS DE SU LETRADO
Natalio Grueso también ha respondido en esta sesión a su letrado Fernando Burgos. A sus preguntas ha ido narrando las numerosas gestiones y trabajos llevados a cabo por él mismo en los años previos a la constitución del Patronato, desde 2006, y parte de los cuales serían facturados al mismo en años posteriores. Entre ellos viajes y reuniones para presentar el proyecto a diversas partes del mundo.
Ha explicado que por entonces ni siquiera contaban con una oficina, de ahí que se hayan perdido y extraviado algunas facturas lo que provocaba las quejas de la contable. Fue entonces cuando dijo que planteó instalarse en el Teatro Palacio Valdés.
A las preguntas del abogado de la defensa de Judit Pereiro, Grueso ha vuelto a defender el trabajo de su ex mujer y ha indicado que ella "colaboró desde el inicio en el proyecto" y nunca cobró nada por parte del Centro. Además ha recordado que era él quien decidía "quien, cómo, cuándo y a dónde viajaban, tras comunicarlo a los patronos, y siempre eran decisiones suyas en las que ella no participaba jamás".
"Ella va a los viajes en los que yo estimo que su presencia es importante, porque por ejemplo había situaciones en las que yo no tenía el poder de seducción que tenía ella, por ejemplo para cuidar a los hijos de Woody Allen", ha indicado Grueso, que ha insistido en que Pereiro "es una gran profesional que hacía muy bien su trabajo y encima de forma gratuita". "Lo de los viajes es anecdótico, hizo 30 en cinco años, eso es muy poco", ha insistido Grueso.
A preguntas del abogado de El Corte Inglés, Grueso ha reconocido que tuvo conocimiento de que había problemas con la cuenta y en 2012, cuando ya no trabajaba en la Fundación, firmó un reconocimiento de deuda. También ha reiterado que acudió a Madrid, junto a Vicente Álvarez Areces, a negociar con el presidente de El Corte Inglés.
En esta jornada Grueso tenía que responder a las preguntas de la acusación particular ejercida por Foro pero ha declinado hacerlo porque "ya ha respondido a la Fiscalía y a la otra acusación particular ejercida por la propia Fundación Niemeyer.
LAS PENAS
Natalio Grueso se enfrenta a once años de cárcel, diez años de inhabilitación y multa por irregularidades detectadas en la gestión al frente de la Fundación Oscar Niemeyer, creada en 2007 con capital público.
En concreto, la Fiscalía le pide seis años de prisión por los delitos continuados de malversación en concurso medial con el continuado de falsedad, más otros tres años de prisión por el delito continuado societario y dos años más de prisión por el delito de insolvencia punible.
Además de Grueso también están acusados su exmujer, Judit Pereiro, para quien Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión por un delito continuado de malversación; José María Vigil, trabajador de Viajes el Corte Inglés que se enfrenta a la pena de ocho años de prisión y el pago de 15.000 euros de multa por los delitos continuados e malversación en concurso con el continuado de falsedad y el delito de estafa; el exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, que se representa en el juicio a sí mismo y para el que piden dos años y tres meses de prisión por el delito continuado societario y el pago de una multa de 7.200 euros; y el exdirector de producción, Marc Martí, que se enfrenta a la pena de 1 año y 6 meses de prisión por un delito de malversación.
