El sindicato recoge firmas para la ILP
SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Comisiones Obreras ha denunciado las "nefastas" consecuencias que la "privatización" de los registros civiles tendrá para los ciudadanos, que deberán "pagar" por nuevas inscripciones que hasta ahora no había que hacer y, además, en el caso de Cantabria tendrán que desplazarse hasta Santander, ya que la región perderá los puntos existentes en los restantes 101 municipios, en los juzgados y agrupaciones de paz y en los juzgados de partidos judiciales con esta función.
Además, el "pelotazo" y "atraco a lo público" que supone la reforma legal que atribuye la gestión de los registros a los registradores a partir de julio de 2015, también afectará al empleo, con la pérdida de "miles" de interinos en toda España tras el traslado de los funcionarios que prestan el servicio a otras dependencias.
"Va a ser un macro-ERE público", alertan desde CCOO, que recuerdan que en la actualidad el servicio es atendido en Cantabria por 74 funcionarios en toda Cantabria, repartidos en 5 juzgados de paz, 19 agrupaciones de paz y 8 partidos judiciales.
Así lo han dicho este viernes el secretario general de CCOO en Cantabria, Carlos Sánchez, y Borja Bats y Ángel Herrera, coordinador del sector de Justicia del sindicato y funcionario del registro civil, respectivamente, quienes han informado en rueda de prensa de la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por esta formación sindical contra la privatización del servicio y que precisa más de 500.000 rúbricas en toda España.
En su comparecencia ante los medios han indicado que a raíz de esta modificación el servicio va a "costar a la gente dinero" y va a constituir, por tanto, "un nuevo repago". "No sabemos cuánto, pero sabemos que sí", han sentenciado, para contrastar que, hasta ahora, el servicio del registro civil era gratis. Pero "los registradores" no lo van a hacer "de forma gratuita", han avisado.
En este sentido, han especificado que si bien determinadas operaciones -como registros de nacimientos, defunciones, matrimonios, adopciones, etc- seguirán sin coste, se incorporarán nuevos actos y acciones a inscribir, como poderes notariales, libros comerciales o el registro de la vecindad, de modo que "habrá que pagar por ello". "Es una forma de pagar a los registradores por un servicio público", han apostillado los sindicalistas.
Además de aumentar el número de actos inscribibles, también se va a cobrar por gestiones hasta ahora gratuitas, como libros de familia o certificaciones, al tiempo que subirán las tasas a cobrar, en algunos casos hasta un "6.000 por cien", han señalado los portavoces de CCOO.
A estos gastos se suman los desplazamientos y la pérdida de tiempo, ya que por ejemplo vecinos de cualquier punto de Cantabria podrán hacer la petición de registro en su municipio, pero tendrán que trasladarse a Santander a efectuar las diligencias. Y junto a estas "molestias", se producirán "retrasos" en el servicio, que se concentrará en un único punto -o a lo sumo dos- en la capital.
También han mostrado su preocupación por el hecho de que asuntos "tan sensibles" como registros de nacimientos, defunciones, matrimonios, adopciones, divorcios o tutelas, entre otros, pasen de estar custodiados por lo público a manos de la iniciativa privada, esto es, de funcionarios a registradores.
Por todo lo anterior, desde la Plataforma de trabajadores de los registros civiles están recogiendo, con el apoyo de CCOO, firmas para la ILP en contra de la privatización, y han convocado también una manifestación el 11 de abril en Madrid. Hasta la fecha, ya han recopilado y enviado más de 10.000 firmas en la región.
Creen en el sindicato que la ley aprobada el pasado otoño obedece, más que a intereses políticos, a "intereses personales" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que es registrador de profesión.
En este punto, y para finalizar, han censurado las "mentiras" del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en torno al presente y futuro de los registros civiles. Así, niegan desde CCOO que el servicio esté "mal valorado", que haya habido "negociación" con los trabajadores para los cambios introducidos o que los registradores sean funcionarios públicos, porque entre otras cosas facturan el IVA y cotizan al Régimen de Autónomos.
"Ni va a ser gratuito, ni público ni se va a reforzar nada, sino que va a haber una pérdida de autonomía y de empleo público", insisten desde CCOO Cantabria para concluir.
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