SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Torrelavega ha imputado a Daniel Sordo Cayuso, padre del piloto Dani Sordo, sendos delitos de desobediencia y contra la ordenación del territorio y urbanismo, por las obras de ampliación realizadas en el circuito de Reocín sin ajustarse a la licencia municipal y desoyendo la orden de paralización de las mismas.
Así consta en un auto del magistrado Rafael Abril, al que ha tenido acceso Europa Press, que pone fin a las diligencias previas y da un plazo de diez días a la Fiscalía y a la acusación particular personada para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación contra los tres imputados en la causa, Daniel Sordo Cayuso y las dos propietarias de la parcela colindante que compró a nombre de su hijo para la ampliación.
El auto señala que de las diligencias practicadas se desprende indiciariamente que el imputado, en su condición de promotor, construyó nuevas pistas en un circuito de tierra cuando la licencia que le fue concedida por el Ayuntamiento de Reocín, de fecha 1 de abril de 2008, le facultaba únicamente para el asfaltado del circuito exclusivamente en la zona 2 del mismo, estando expresamente prohibida la realización de obras de construcción.
En enero de 2009 el Ayuntamiento de Reocín dictó una nueva orden de paralización de las obras en la zona 3 del circuito, en la que procedió a la tala de árboles y destoconamiento y a su incorporación al circuito una vez que adquirió la propiedad de la parcela colindante, mediante compraventa a favor de su hijo.
El auto señala que las vendedoras de la parcela, también imputadas en la causa, fueron las receptoras de la notificación de la orden de paralización, a pesar de lo cual, en mayo de 2009 se llevaron a cabo obras "de importancia y magnitud tal que implicaron el trasiego de camiones con tierra para rellenar un talud en una finca rústica de gran magnitud".
Posteriormente, en agosto de 2009, las imputadas transmitieron la titularidad de la parcela al hijo y socio del imputado, Daniel Sordo Castillo, "siendo promotor y único beneficiario" de las obras realizadas en dicha parcela su padre.
El auto señala que una vez adquirida la parcela por su hijo en agosto de 2009, el imputado "desatendió la orden de paralización", continuando su actividad al menos hasta febrero de 2010, lo que motivó que en febrero de 2010 se procediera al precinto de la zona afectada.
El magistrado entiende que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de desobediencia y otro contra la ordenación del territorio y urbanismo, por lo que ordena la transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado. El auto, fechado el 5 de mayo, se ha notificado este viernes y contra el mismo se puede interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o recurso de apelación en cinco días.
