Asegura que el "gran problema" de la explotación laboral "es el miedo al fracaso" que tienen los inmigrantes que llegan a España
SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
El inspector Jefe de Operaciones de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), Jaime Nicolás González, ha destacado este martes en Santander que la "gran asignatura pendiente" que tiene la Policía en su lucha contra la explotación sexual en España es "llegar a las víctimas".
Así, ha detallado que esta dificultad para conseguir llegar a las víctimas "y no tanto identificarlas" se debe a que las denuncias se dan en "casos límite", son un "bien escaso", tal y como ha comentado en su charla en el seminario 'La trata de seres humanos: prevención, protección y persecución', que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
De esta forma, ha puesto de relieve que a las ONG "también les cuesta mucho" convencer a las víctimas para que denuncien su situación y ha concretado que, a su juicio, "entre un 90% y un 95%" de las jóvenes nigerianas son víctimas de trata y de explotación sexual porque "no se las ve en un supermercado" como sí sucede con las de otros países, como pueden ser las colombianas.
En este sentido, ha lamentado que estas mujeres "sufren mucho padecimiento" y se ha mostrado abierto a recibir denuncias de los ciudadanos para combatir esta lacra. "Sólo nos falta poner una alfombra roja", ha asegurado Nicolás González, quien ha concretado que ha conseguido dar con víctimas de explotación sexual en Madrid, su área de trabajo, "literalmente a la carrera en la Casa de Campo".
También ha subrayado que la "palabra clave" en el problema de la trata y explotación sexual de mujeres es "la cosificación". "El problema no es que las traten como objetos: es que ellas se sienten así", ha sostenido Nicolás González, quien ha comparado la "tan evidente y palpable" explotación sexual que detecta la Policía con la trata laboral, que, a su juicio, es "bastante excepcional".
"AFORTUNADAMENTE, NO DETECTO TRATA LABORAL"
A este respecto, ha asegurado que no ha detectado trata laboral y ha hecho referencia a las cifras de la UCRIF en la Comunidad de Madrid durante al año 2014, de forma que ha concretado que el año pasado hubo 845 inspecciones, 300 de ellas computadas como "positivas", y se detectaron 185 delitos de explotación laboral con 170 empresarios implicados.
Sobre las causas de la explotación laboral, Nicolás González ha opinado que el "gran problema es el miedo al fracaso" que tienen los inmigrantes que llegan a España porque son "los elegidos, los más fuertes y con más suerte" por ir a otro países "a buscarse la vida" para después "rescatar" a sus familiares en sus países de origen.
"Por eso tienen un miedo feroz al fracaso", ha añadido, motivo por el que, según ha apuntado, caen, por ejemplo, en la explotación sexual. Al mismo tiempo, ha apuntado otras causas como el endeudamiento económico, la necesidad económica, las amenazas y coacciones y el desconocimiento que tienen los inmigrantes de sus derechos laborales y sociales.
En cuanto a las consecuencias, ha citado, entre otras, la imposición de condiciones laborales "abusivas", salarios "ínfimos" e impagos o altas en la Seguridad Social y cotizaciones inferiores al tiempo trabajado.
"EFECTO LLAMADA"
Asimismo, se ha referido al problema que existe si se regulariza a un inmigrante irregular en este país porque eso supondría, en su opinión, un "efecto llamada", ya que, según ha subrayado, a España hay que llegar "con un visado de trabajo".
De esta forma, se ha referido a las dudas que tiene en ocasiones cuando se reciben denuncias de explotación laboral a inmigrantes irregulares porque si denuncian al empresario, los inmigrantes se quedan sin trabajo y pueden "delinquir" o "caer en la marginación".
Igualmente, ha comentado que a veces se da la "paradoja" de que existen "intereses o conveniencia" entre el inmigrante irregular y el empleador porque para obtener la regularización se puede hacer uso del arraigo laboral transcurrido un tiempo trabajando en España, aunque sea de forma irregular.
Además, se ha referido al poder "persuasivo" de las multas que se pueden imponer a los empresarios por tener a su servicio a inmigrantes irregulares, que es de 10.001 euros por inmigrante, tal y como ha concretado la inspectora de Trabajo y Seguridad Social Beatriz Losada Crespo, presente en la sala.
Mientras, Nicolás González ha incidido en que la simulación y compra-venta de contratos laborales entre los inmigrantes "está a la orden del día", lo que provoca una "proliferación" de empresas ficticias, a las que, a su juicio, se puede "acometer con más éxito" gracias a la última modificación del artículo 318 bis-2 del Código Penal.
