SANTANDER, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Tolerancia Cero al Bbulling dice que el protocolo contra el acoso de la Consejería de Educación de Cantabria "es una porquería" por lo que ha pedido al Parlamento regional que lo "cambie".
Para este colectivo, el protocolo "no está bien llevado" porque el centro escolar que juzga "es parte responsable" del problema, lo que hace necesarios "agentes externos" para analizar la situación "de forma objetiva". "¿Alguien entendería que un juez llevase la instrucción de un caso en el que estuviese implicado?".
Así lo ha dicho la presidenta de la citada asociación, Lourdes Verdejo, que también ha acusado a la Administración Educativa regional de dar "una respuesta negativa" a los afectados. "A las familias, cada vez les cuesta más llamar a la Consejería porque no confían", ha asegurado.
Verdejo se ha pronunciado así en una rueda de prensa convocada por el diputado del Grupo Mixto, Juan Ramón Carrancio, y representantes de la citada asociación para expresar su "absoluto rechazo" a las declaraciones efectuadas ayer sobre el acoso escolar por el consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, en las que, en su opinión, daba a entender que el se trata de un fenómeno controlado y que se reduce a un número "muy pequeño" de casos (cinco el curso 2017-2018 y ninguno en el primer trimestre del actual).
Sin embargo, según el tesorero de la asociación, Miguel Goya, estos datos no "representan la triste realidad" porque el 10% de los escolares es acosado.
La Asociación Tolerancia Cero al Bulling ha trabajado con 32 presuntos casos de acoso en el curso 2017-2028 y 18 en lo que va del actual, lo que, teniendo en cuenta que esta agrupación "no es ampliamente conocida en Cantabria", les lleva a pensar que hay "un gran fallo de diagnóstico" sobre la "verdadera dimensión" del problema.
En este sentido, ha censurado que los datos que ha presentado la Consejería vienen directamente de los centros escolares, "precisamente el foco en el que se desarrolla el problema", mientras que AMPAS, profesores, alumnos, fuerzas de seguridad y otros organismos implicados transmiten "una impresión diametralmente opuesta".
La asociación se ha basado en datos estadísticos para hacer una media según la cual, el 10% de los menores escolarizados, alrededor de 10.000, sufren "alguna forma" de acoso escolar en Cantabria. Así, dos menores por aula serían víctimas en algún momento de su etapa escolar de algún tipo de violencia continuada ejercida por algunos de sus compañeros.
Por ello, Goya ha mostrado su "absoluto desacuerdo" con las conclusiones que pudieran derivarse de los datos presentados ayer por el consejero, "no por el hecho de que no sea cierto que ha activado los protocolos sino porque no consideramos que representen la triste realidad".
Además ha denunciado que los planes de convivencia de los centros son "de obligado cumplimiento" pero "permanecen ocultos en los cajones", "no se llevan a la práctica" y son desconocidos, con carácter general, por las familias.
La agrupación también rechaza los protocolos de acoso como forma de identificar la cantidad de casos reales, porque se abren "cuando la prevención ha fallado y los síntomas son evidentes", y porque "las mismas personas que no vieron venir el problema son los que juzgan si es verdad o no". Por ello, reclaman una investigación independiente.
Para este colectivo, el problema se debe afrontar de forma más profunda con la implicación de todos los agentes sociales y han de diseñarse herramientas y sistemas de prevención para minimizar la aparición de casos "que muchos sufren en silencio".
Por su parte, Verdejo ha denunciado que, en algunos casos, los colegios "invitan a las familias a cambiar de centro cuando piden que se abra el protocolo de acoso", si bien no hay registros al respecto, así como el "silencio" que existe sobre esta cuestión "por miedo a represalias".
La presidenta de la agrupación ha subrayado la gravedad del problema del acoso --que ha llevado a un intento de suicidio en Cantabria, ha dicho-- y ha asegurado que "cada vez hay más casos y lo dicen la Fiscalía y las AMPAS".
En este sentido, Carrancio ha insistido en la "contradicción" entre los datos de la Consejería y de la Fiscal Superior, Pilar Jiménez, quien ha denunciado un "incremento exponencial" de los mismos. Al respecto ha tachado de "absolutamente irresponsable" y "muy preocupante" la actitud del consejero socialista, al que ha acusado de "ignorar el problema".
Para la asociación, Fernández Mañanes "no miente" pero los datos "no son reales". "El consejero solo maneja datos de los centros escolares, pero cuando hablamos con asociaciones de padres y madres, profesores, alumnos, cuerpos de seguridad del Estado y demás organismos nuestra impresión es diametralmente opuesta", han señalado.
Organizaciones como la ONU, UNICEF, la Comisión Europea, Save de Children y ANAR alertan de las consecuencias de este problema para toda la vida, tales como baja autoestima, déficit de rendimiento, se convierten en acosadores, falta de empatía, ganas de revancha e inconformismo con la sociedad.
