Diego dice que su "ánimo" es no derribar "una vivienda" y que pagar 300 millones "hundiría" la economía cántabra

SANTANDER, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha afirmado este viernes que su intención es afrontar el problema de las sentencias de derribo con el "ánimo de evitar que se derribe una vivienda" para evitar "males futuros", y ha advertido que indemnizar con entre 200 y 300 millones a los afectados, según la propia estimación de éstos, "hundiría la economía de Cantabria, sin más".

Un pago, ha insistido, que supondría "la quiebra de las finanzas de la comunidad autónoma", aunque ha asegurado que "habrá indemnizaciones", de las que serán "corresponsables" Gobierno y ayuntamiento afectado, cuando, en el marco legal vigente, el derribo de las viviendas "no se pueda evitar".

Diego se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado este jueves para el inicio inmediato de los expedientes de responsabilidad patrimonial para indemnizar a los afectados por sentencias de derribo y si este pago lo realizará la Administración regional compartido con los ayuntamientos.

Al respecto ha subrayado que el trabajo del Ejecutivo tiene "un objetivo", que es "evitar tener que incurrir en el pago de indemnizaciones" porque las cifras que manejan los afectados "hundirían" la economía regional "sin más". "Tan trascendente y responsable es nuestra actitud a la hora de afrontar el problema", ha remarcado.

En ese ejercicio de responsabilidad, el Gobierno aprobó este jueves el acuerdo para comenzar todos los procedimientos que lleven a determinar el montante que debería abonar la Administración, puesto que sus técnicos aún no lo han cuantificado.

Porque al presidente su "conciencia" no le "permite" quedarse "pasivo" ante la posibilidad de efectuar un derribo sin "previamente tener todo preparado para indemnizar a la familia".

Se trata de afrontar el problema "con todas las garantías" y por eso el Gobierno está actuando "en un ejercicio de responsabilidad", que espera que comprendan todos los cántabros y especialmente los afectados, las personas que compraron "de buena fe" una propiedad y "de manera injusta se ven en esta situación".

"Y la Administración regional es corresponsable con algunos ayuntamientos de errores de tramitación que han dado lugar a esta situación", ha reconocido Diego.

Por ello el Gobierno está trabajando para "corregir los errores" por la vía de una ley cuyo borrador presentará este sábado el presidente a los grupos parlamentarios socialista y regionalista para que puedan realizar aportaciones, en un "gesto responsable de buscar consenso en cuestiones trascendentales como ésta", ha destacado.

Una trascendencia, ha apostillado, tanto hacia "familias inocentes maltratadas por la Administración", como por cuanto su cuantificación de las indemnizaciones supondría "la quiebra de las finanzas de la comunidad autónoma de Cantabria".

Así, se trata de "poner sobre la mesa" soluciones en plazos "ya no urgentes, sino emergentes, inmediatos", y el Gobierno responderá con una iniciativa "que puede ser útil" para que "desde el respeto a las sentencias judiciales, se ponga soluciones a los problemas de las familias, que son también de todos los cántabros".

El presidente no ha querido dar detalles sobre el borrador de la ley por "responsabilidad" ante los portavoces parlamentarios de la oposición a los que este sábado presentará el documento.

Diego ha realizado estas declaraciones tras la firma de un convenio con el director general de Infraestructura de E.On para la electrificación rural de Cantabria.