Consejo de Gobierno - GOBIERNO
SANTANDER, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la contratación de las obras de ampliación y reforma integral del centro de salud de Polanco, con una inversión superior a los 9,8 millones de euros para dar respuesta al incremento de la demanda asistencial en este municipio y en el de Miengo, que superan los 11.000 habitantes.
El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de dos plantas, la reforma completa del centro actual y la ordenación del entorno con nuevos accesos, aparcamiento y zonas ajardinadas.
La ejecución está planificada en 24 meses, distribuidos en dos fases: una primera para la ampliación y una segunda para la reforma del edificio existente, garantizando en todo momento la continuidad de la actividad sanitaria mediante espacios provisionales habilitados para urgencias y consultas.
"Después de más de 10 años de promesas, hoy por fin puedo decir que cumplimos con Polanco", ha publicado la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en sus redes sociales, en las que ha subrayado "lo importante que es contar con una sanidad cercana y de calidad".
Por otro lado, también en materia sanitaria el Consejo de Gobierno ha autorizado el acuerdo marco para el suministro de medicamentos exclusivos del área de Oncología y Hematología destinados a los hospitales del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Con un presupuesto máximo de licitación de 51,3 millones, tendrá una vigencia de 24 meses, prorrogable por otros dos años, y permitirá a las gerencias hospitalarias adjudicar contratos basados de forma "ágil y homogénea".
El objetivo es garantizar un suministro "estable" para pacientes oncológicos cuyo tratamiento depende de fármacos sin alternativas terapéuticas equivalentes, así como "optimizar el gasto público". El procedimiento incluye 15 lotes correspondientes a principios activos esenciales en tratamientos oncológicos avanzados.
El Consejo ha trasladado hoy su reunión semanal al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, donde ha podido conocer de primera mano las necesidades y la planificación del municipio, así como trabajar en proyectos de futuro. Para ello, tras finalizar la deliberación de los asuntos del orden del día, la alcaldesa, Carmen Pérez, se ha incorporado a la reunión junto a la presidenta y los consejeros.
SUBVENCIONES AL COMERCIO MINORISTA
Al margen de los asuntos del municipio, el Ejecutivo ha dado luz verde también a la convocatoria de subvenciones para el comercio minorista de Cantabria en 2026, dotada con 1,29 millones de euros. Dirigidas a autónomos y pequeñas empresas con establecimiento físico o actividad de venta ambulante, buscan impulsar inversiones estratégicas que mejoren la competitividad del sector, aceleren su digitalización y favorezcan su adaptación a los nuevos modelos de consumo.
La convocatoria contempla la financiación de actuaciones como obras de mejora y modernización de establecimientos, eliminación de barreras arquitectónicas, adquisición de equipamiento comercial y sistemas de seguridad, así como la incorporación de nuevas tecnologías, desarrollo de páginas web y herramientas de gestión digital.
Las inversiones deberán superar los 1.500 euros y podrán recibir hasta un 35% de apoyo -o hasta el 45% para comercios adheridos a la Junta Arbitral de Consumo y asociaciones registradas-, con un máximo de 8.000 euros por beneficiario. El reparto presupuestario prioriza a la cuenca del Besaya, que contará con casi 300.000 euros, mientras que el resto del territorio dispondrá de 993.300 euros.
Se mantiene el procedimiento de concurrencia competitiva abreviada, en el que la prelación temporal de la solicitud será determinante hasta el agotamiento del crédito. El plazo de presentación será de 20 días hábiles desde la publicación del extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.
NUEVOS RECURSOS CONTRA LA LLEGADA DE MENORES MIGRANTES
Finalmente, entre otros asuntos el Consejo ha vuelto a autorizar a los servicios jurídicos para interponer varios recursos contencioso-administrativos frente a distintas resoluciones dictadas por la Delegación del Gobierno en Ceuta y por la Delegación del Gobierno en Canarias, relativas al traslado y reubicación en Cantabria de menores extranjeros no acompañados.
Las resoluciones impugnadas, emitidas entre el 21 de enero y el 23 de febrero de 2026, afectan a diez menores procedentes de Ceuta y uno procedente de Canarias.
El Ejecutivo cántabro ha señalado que adopta esta medida "para garantizar el adecuado respeto al marco competencial autonómico y al procedimiento legal establecido para la derivación de menores tutelados entre comunidades autónomas".
Los recursos tienen como finalidad revisar la legalidad de las decisiones estatales que ordenan estos traslados, al considerar que "no se ajustan a los mecanismos de coordinación y proporcionalidad previstos en la normativa vigente en materia de protección de menores".
Así, el Gobierno de Cantabria ha subrayado su "compromiso con la defensa de sus competencias y con la correcta aplicación de los procedimientos de atención a la infancia y adolescencia, asegurando que cualquier reubicación se realice con las debidas garantías jurídicas, técnicas y administrativas".