SANTANDER, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria recurrirá la sentencia que estima parcialmente el recurso de la empresa Astra contra la resolución del contrato que se firmó la pasada legislatura para la universalización del servicio de la Televisión Digital Terrestre.
La estimación del recurso supone que se impone al Ejecutivo cántabro la indemnización a la empresa con 3,5 millones de euros, "tirados por la borda" sin que llegara a prestarse el servicio después de que el Gobierno anterior optara por rescindir el contrato, ya que meses después el Estado adoptó una solución gratuita para todas las comunidades.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, ha explicado en rueda de prensa que el Ejecutivo tratará de "aminorar" el impacto de la indemnización, alegando diferencias con el cálculo del lucro cesante (el dinero dejado de ganar).
El Gobierno entiende que en la sentencia conocida esta lunes se equiparan ingresos con beneficios, y es ahí de donde se pretende rebajar la cantidad de la indemnización.
Con todo, el consejero ha valorado que gracias a la "buena defensa de los intereses de Cantabria" ejercida durante el juicio, se ha logrado reducir la cuantía de la indemnización en un 16%, respecto a los 22 millones de euros que llegó a reclamar la empresas.
Pero, aún así, "no es menos cierto que todos los cántabros van a tener que pagar 3,5 millones de euros a cambio de nada", que ahora se hubieran podido emplear en otras políticas.
Es una situación de la que Arasti ha responsabilizado al anterior Gobierno de PRC y PSOE y su "pésima" gestión, por sacar a concurso el servicio "de forma precipitada", porque "no estuvieron a la altura de las circunstancias".
El titular de Industria ha contrapuesto esta gestión con la recientemente llevada a cabo en Piélagos mediante un acuerdo con un operador privado, lo que ha supuesto una inversión de 94.000 euros para dar servicio a 3.500 vecinos, frente a los 3,5 millones "para nadie" derivados de la gestión de la TDT.