PP y PRC presentan una proposición de Ley de Patrimonio Cultural "moderna, ágil y participativa"

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular y el Regionalista han registrado conjuntamente, por primera vez en esta legislatura, una proposición de Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria "moderna, ágil y participativa" para actualizar la vigente de 1998, con el objetivo de reducir la burocracia, digitalizar los registros y aumentar la inversión obligatoria del presupuesto de Obras Públicas hasta el 2% del total, además de un 1% adicional específico para la rehabilitación paisajística y cultural.

El anteproyecto nace de la "escucha activa" a los colectivos implicados en la defensa del patrimonio y es fruto de "meses de trabajo y borradores", en los que estuvo implicado el diputado regionalista Javier López Marcano, fallecido el pasado 2 de abril, y que fue la última iniciativa legislativa en la que participó.

El documento se registró en el Parlamento de Cantabria la pasada semana y cuenta con 148 artículos, 27 disposiciones adicionales, 14 transitorias y siete finales.

El objetivo de PP y PRC es que todos los colectivos de defensa del patrimonio participen en las comparecencias y la norma se apruebe "a la mayor brevedad posible".

Así lo han presentado este miércoles los diputados del PP Juan José Alonso y Miguel Ángel Vargas y del PRC Paula Fernández y Javier López Estrada, en una rueda de prensa celebrada en la Cámara regional, donde han desgranado los detalles de esta futura norma que surge del acuerdo alcanzado entre ambas partes para aprobar el Presupuesto General de Cantabria para 2026.

Entre las novedades, se encuentran la creación del Consejo Cántabro de Cultura y Patrimonio, que tendrá una voz permanente en la gestión y elaborará informes vinculantes; el nuevo Archivo Histórico de Cantabria, la Memoria Audiovisual y el Departamento Digital, que se integrarán en una única plataforma; y el reconocimiento por primera vez del Patrimonio Industrial y el Científico y Tecnológico en una categoría propia de protección.

Además, creará la categoría reforzada para los Bienes de Interés Cultura (BIC) más vulnerables; protegerá el patrimonio lingüístico y la toponimia; aumentará la regulación sobre los detectores de metales; todo hallazgo arqueológico pasará a formar parte del dominio público desde su descubrimiento, e incorporará la figura del arqueólogo habilitado.

En el apartado municipal, obligará a los ayuntamientos a realizar un inventario de caminos rurales, tradicionales e históricos y el paisaje pasará a ser un BIC. Para ello, se creará una red de técnicos que asistirá a las entidades locales, para ayudarlas a cumplir la ley.