La levantó "por su cuenta y riesgo", "de forma ilegal", en una zona incluida en el PORN de las Marismas de Santoña
SANTANDER, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado indemnizar a una empresa por el derribo de una gasolinera, al entender que lo hizo "por su cuenta y riesgo", sabiendo que no contaba con autorización ni de la Administración ni legal.
El lugar donde se edificó la gasolinera estaba dentro del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y pese a que inicialmente contó con autorizaciones municipales y del Gobierno de Cantabria, luego fueron suspendidas por esas administraciones y confirmadas por los tribunales.
En 2001, una sentencia ordenó la demolición, por lo que la empresa reclamó al Gobierno de Cantabria la responsabilidad patrimonial por la demolición, petición que el Ejecutivo denegó. Su petición ascendía a 140.640 euros por las obras demolidas, así como 817.960 euros en concepto de lucro cesante (el dinero dejado de ganar hasta el cierre ese año).
La instalación se encontraba en la CA-147 de Beranga a Noja, y dentro de una zona afectada por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), del que existe una sentencia que anuló parte de su zonificación, y, en concreto, lo relacionado con el uso que requería la actividad de la gasolinera.
En el fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) repasa la trayectoria de esta gasolinera: en 1999 una sentencia anuló la zonificación del PORN y sus usos, excluyendo precisamente el que preveía la instalación; y pese al recurso al Supremo, la empresa solicitó autorización al Gobierno, concedida en 2001, a lo que le siguió licencia municipal para las obras.
Aunque poco después el Gobierno suspendió esa autorización, en una orden que la empresa desoyó, pues se comprobó que seguía realizando las obras.
El Juzgado de lo Contencioso número 2 suspendió la licencia municipal y luego la anularía, y luego el TSJC suspendió la autorización del Gobierno, y, más tarde, la anuló.
El fallo reprocha a la empresa que pese a no contar con las autorizaciones y haberse producido ordenes de paralización, primero del Gobierno, y luego judiciales, optara por "de forma ilegal", construir la gasolinera "por su cuenta y riesgo".
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