El PP califica el plan de "decepcionante" y critica que se derive la responsabilidad a los ayuntamientos
SANTANDER, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria adecuará el Plan de Ordenación del Litoral (POL) a las distintas sentencias de derribo existentes en municipios costeros y ha descartado ya un proyecto de ley de 'punto final' por considerar que sería "claramente inconstitucional".
Así lo anunció hoy el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, durante su comparecencia a petición propia en el Parlamento para informar sobre los planes del Gobierno para la ejecución de las sentencias de derribo.
Mazón enfatizó que se trata de una situación "compleja" y que, por tanto, el plan del ejecutivo será "vivo y dinámico", y que incluso sufrirá modificaciones a lo largo del tiempo.
El consejero detalló la situación de las distintas sentencias judiciales, que afectan a los ayuntamientos de Arnuero, Argoños, Miengo, Piélagos y Escalante, y resaltó que la "capacidad" del Gobierno para dar soluciones es "muy limitada", ya que en ciertos casos, la subsanación pasa por acuerdos municipales y la adaptación de los PGOUs a las normas urbanísticas.
Por su parte, la portavoz del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, consideró que el ejecutivo es una "rémora" a la búsqueda de soluciones, y calificó su actitud de "deshonesta, políticamente irresponsable e insensible".
La parlamentaria tildó al consejero de "demolition man" y recordó que el Gobierno regional tiene competencias en materia de urbanismo, así como la responsabilidad del presidente, Miguel Ángel Revilla, al frente de estas políticas en los últimos 13 años, y las distintas propuestas electorales para los derribos realizadas por el PRC.
SENTENCIAS DE DERRIBO
Mazón defendió que "en ningún caso" el plan pretenda "incumplir" las sentencias, sino que trata de "explorar las posibilidades legales", porque en ciertos casos hay una "imposibilidad legal" de ejecutarlas por "circunstancias sobrevenidas" con el tiempo, como las posteriores modificaciones en las normas urbanísticas.
Así, la apuesta del Gobierno es la subsanación de los requisitos formales y la "posible" legalización de algunos inmuebles. Mazón ciñó la actuación regional a la modificación del POL y la "revisión" de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en donde sea necesario.
De los cinco ayuntamientos que concentran las sentencias (Arnuero, Piélagos, Miengo, Escalante y Argoños), cuatro se encuentran en estos momentos pendientes de la revisión de sus normas urbanísticas municipales, que aún no han pasado por el trámite de aprobación provisional.
Mientras, el quinto, el de Argoños, ya modificó su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tras adaptarlo a la Ley del Suelo y el POL, aunque el consejero de Ordenación del Territorio advirtió de que este plan también ha sido recurrido en los tribunales, por lo que está pendiente de que se dicte sentencia sobre el mismo.
En el caso de La Arena, Arnuero, el POL define el espacio afectado como de protección ecológica, por lo que es "intocable". En la actualidad, el PGOU adaptado a las normas regionales se encuentra pendiente de la tramitación ambiental, de cuya evaluación depende si los espacios libres se consideren como urbanizables o rústicos de especial protección.
En otros casos, se sugiere que los planes municipales incluyen en las zonas afectadas espacios libres adscritos a suelo urbanizable con compensación de aprovechamientos a los afectados (fórmula pensada para Cerrías 1 y 2 en Piélagos, para Cuchía en Piélagos), mientras que en Pueblo de Mar, en Argoños, la norma es el PORN de las Marismas de Santoña y Noja, que deberá reflejar un "reajuste cartográfica" con los límites municipales.
Desde el Partido Popular, Sáenz de Buruaga tildó el plan de "decepcionante" y reprochó a Mazón que no les remitiera copia del Plan para analizarlo. La diputada dedujo que el Ejecutivo opta por los derribos, algo que rechazó Mazón que fuera así. "¿Me quiere hablar claro de que viviendas se legalizan?", inquirió Sáenz de Buruaga.
Además, recordó que "el PRC ha sido y es el dueño y señor del urbanismo durante los últimos 13 años", incidiendo en que el presidente de Cantabria estuvo al frente de la Comisión Regional de Urbanismo durante ocho años, "en que se dictaron la mayoría de las sentencias".
AYUNTAMIENTOS Y AFECTADOS
El consejero de Ordenación del Territorio lamentó la actitud de los Ayuntamientos, a los que en "incontables veces" se les ha llamado y pedido información, por los que les acusó de "pretender dejarlo pasar y echar balones fuera".
Mientras, el PP recordó que la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) es la que aprueba los PGOU y los planes parciales, y acusó a este órgano de "bloquearlos".
En cuanto a los afectados, Mazón aseguró que les ha recibido "muchas veces, pero consideró que la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) tiene que tratar estos asuntos con "discreción" en lugar de con "ruido".
Frente a esto, el PP consideró que el Gobierno ha actuado con "irresponsabilidad" ante el "calvario" de los afectados y recordó que Revilla les "prometió" trabajar en la búsqueda de soluciones, mientras que la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, tardó dos años en recibir a la asociación.
PSOE Y PRC
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Martín Berriolope, reclamó que se agilicen los trámites de colaboración entre los agentes implicados, y opinó que lo sucedido se debe a la "voracidad especulativa" en los municipios costeros. Berriolope valoró que se presentara el plan de forma "general" y apostó por la adopción de "medidas ejemplarizantes" para contar con una "autoridad creíble" en materia de urbanismo.
Mientras, el regionalista Rafael de la Sierra, consideró que la intervención de Mazón ha sido "total y absolutamente exhaustiva", y defendió la resolución parlamentaria sobre el tema, que ha dado un "fruto extraordinario".
Finalmente, el consejero rechazó que el papel del Gobierno sea hacer "soluciones ejemplarizantes", y admitió que en este tema "difícil" no hay unanimidad, "ni siquiera entre todos los componentes del equipo de la Consejería o del Gobierno".
