Tres trabajadores se enfrentan a dos años por apropiarse de los cobros en efectivo que hacían para su empresa

SANTANDER, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria pide dos años de cárcel a tres personas --dos comerciales y una administrativa-- acusados de apropiarse de los cobros en efectivo que realizaban para su empresa, dedicada a la venta de productos y bebidas a establecimientos hoteleros.

El juicio se celebrará el martes, 17 de junio, a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, por delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia en la comunidad autónoma.

Según el escrito de calificación provisional del ministerio público, en los años 2020 y 2021 los tres implicados actuaron "de mutuo acuerdo y con la intención de obtener un ilícito beneficio". Para ello, "urdieron un plan" que consistió en que las cantidades en efectivo cobradas por los dos comerciales por los suministros vendidos "no se entregaban a la empresa, sino que las incorporaban a su patrimonio".

La acusada, "a sabiendas de tal actuación y siendo la encargada de reseñar el cobro de las facturas, no lo hacía de aquellas de las que se apropiaban los dos acusados, recibiendo de ellos una tercera parte del importe".

Además, era la encargada de pagar el combustible de los vehículos de la empresa, así que, "sin conocimiento ni autorización" de la empresa, utilizó una tarjeta bancaria de la mercantil para recargar gasolina en su vehículo particular hasta un importe de 1.400 euros.

La acusación particular añade en su escrito que la empresa inicialmente detectó irregularidades y que los tres empleados reconocieron esas prácticas y no impugnaron las sanciones impuestas. Además, manifestaron expresamente que no existían otras cantidades apropiadas, si bien más adelante se descubrió no era así.

Además, esta parte indica que la acusada fue "sorprendida falsificando la firma de un cliente en dos facturas con el fin de dar apariencia de que la mismas estaban pendientes de cobro, cuando se habían cobrado y los acusados se habían apropiado de los importes".

La trabajadora fue despedida al considerar la mercantil que era la principal responsable de los hechos descritos, dado que era la única encargada del control de los cobros y "no podría haberse distraído a la empresa las cantidades sin su participación".

Durante las revisiones de las operaciones de pagos y cobros que efectuó la compañía, detectó que la empleada había utilizado la tarjeta de la empresa destinada al pago de combustible de los vehículos para su uso personal.

DELITOS Y PENAS.

Para la Fiscalía, los hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida con la concurrencia de la circunstancia agravante de abuso de confianza. Pide dos años de prisión para cada acusado, así como la indemnización a la empresa de las cantidades apropiadas: 7.800 y 4.300 euros que recibieron y ahora deberían devolver los dos comerciales, y 5.500 euros, la administrativa.

La acusación particular, sin embargo, considera que los hechos constituyen tres delitos: continuado de estafa, continuado de apropiación indebida y falsedad documental. Los dos primeros los atribuye a los tres acusados.

Para cada comercial solicita seis años de prisión y 7.200 euros de multa. Y para la administrativa, a la que también atribuye el delito de falsedad documental, la pena total asciende a trece años de prisión y 21.600 euros de multa.

En concepto de responsabilidad civil, pide la empresa que le indemnicen los tres en 12.082 euros por las cantidades no devueltas, y la administrativa, además, en 1.403 euros por el combustible.