TOLEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS)

Castilla-La Mancha se ha conectado al proyecto 'Sara' que pretende facilitar a los ciudadanos de la región su relación con las Administraciones Públicas, tanto estatal como regional. Un total de 111 servidores conforman la red informática de las administraciones públicas compuesta por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y, en una próxima fase, las entidades locales.

Definida por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, como el "cerebro de la Administración", la finalidad del proyecto SARA 'Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones', es establecer los mecanismos de intercambio seguro de información entre las administraciones con el propósito de simplificar las relaciones de los ciudadanos con las mismas, agilizando la tramitación y evitando la necesidad de aportar documentación si ya ha sido enviada a cualquier organismo de la Red.

Algunos de los beneficios que en un breve plazo percibirán los ciudadanos de Castilla-La Mancha gracias a esta incorporación se reflejarán en el descenso de documentos a aportar para la tramitación de sus expedientes administrativos, informó la Junta.

De esta manera, no será necesario adjuntar fotocopias del DNI, certificados de empadronamiento, justificaciones de la Seguridad Social o de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En su lugar, serán los propios sistemas informáticos los que hablarán entre sí para la obtención de todos estos datos.

Asimismo, esta red permitirá el establecimiento de un único enlace entre los distintos organismos de la Unión Europea y las administraciones públicas españolas para compartir aplicaciones y recursos. Supone un paso adelante en la Administración electrónica y un avance para los objetivos propuestos en el proyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, actualmente en trámite parlamentario.

De esta manera, desde el portal web de la Junta, los ciudadanos de la región dispondrán de acceso a sistemas nacionales como el de firma electrónica, con lo que la misma identificación les servirá para sus trámites tanto en la propia Comunidad como en la Administración General del Estado, o al sistema de notificación telemática.

En este caso, los ciudadanos que así lo deseen dispondrán de una dirección electrónica personal totalmente gratuita para las notificaciones de las Administraciones Públicas a las que desee suscribirse, a través del cual se pueden recibir notificaciones, rechazarlas y modificar las suscripciones sin moverse del ordenador, de la forma más cómoda y segura.

Asimismo, los ayuntamientos de la región se unirán paulatinamente a esta red a través de los sistemas de comunicaciones que la Junta de Comunidades está implantando, para lo cual ya se están desarrollando pruebas piloto con algunos municipios.

Se prevé que SARA crezca hasta los 1.200 servidores, con una tasa de transferencia de 144 megabytes por segundo y una capacidad de almacenamiento de 6 terabytes.

CARACTERÍSTICAS

El principal beneficio de este nuevo sistema será el ahorro tanto de tiempo como de costes a administraciones y ciudadanos. Los españoles que dispongan de DNI electrónico (e-DNI) podrán inscribirse en una oposición, abonar tasas, operar con valores del Tesoro, gestionar algunos impuestos, solicitar ayudas y subvenciones, pedir certificados de nacimiento o de matrimonio, obtener información sobre pensiones o vida laboral. Así hasta un total de 300 servicios lo que supone el 25% del total y sin necesidad de salir de casa.

Los españoles ahorrarán 23 millones de horas al año en sus gestiones y el país 150 millones de euros. Otro de los beneficios será el ahorro de papel con la supresión masiva de distintos certificados y fotocopias que actualmente es obligatorio presentar y que se estima en unos 100.000 kilos anuales de papel.

El proyecto de Ley de Administración Electrónica, destinado a garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los servicios de la Administración por vía electrónica, obligará a la Administración a aceptar documentos electrónicos que contarán con validez y seguridad jurídica.