MADRID/TOLEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El gasto sanitario presupuestado de las comunidades autónomas para el próximo año tendrá un incremento "modesto" respecto al 2008 del 2,46 por ciento de promedio, lo que, según denunció hoy el secretario de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Manuel Martín García, será menor a la inflación prevista que estará en torno al 3 por ciento. Castilla-La Mancha invertirá 1.381,70 euros per cápita en 2009 en salud.
"Esto significa que la situación ya mala de la situación de la sanidad publica pues se va a incrementar y a agravar, lo que puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario a medio largo plazo", advirtió.
Por otra parte, tras analizar y desgranar los presupuesto presentados por las CCAA para su aprobación en los correspondientes parlamentos autonómicos, se ha observado que existen diferencias que superan el 27 por ciento entre la comunidad autónoma que más gasta, que es el País Vasco, y la que menos invierte, que es Valencia.
"Llama la atención que sean la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, que son dos comunidades ricas y poderosas y dos de las que tiene mayor desarrollo industrial, las que destinen tan poco dinero a sanidad", indicó.
Al mismo tiempo, la FAFSP ha podido advertir de que las CCAA con gobiernos en los que participan partidos progresistas tienen unos presupuestos per capita y unos incrementos superiores a aquellas con gobiernos conservadores, de hasta un 53 por ciento la diferencia de inversión entre unas y otras comunidades, con un incremento medio de las progresistas del 3,16 por ciento frente al 1,47 de las conservadoras.
"Fundamentalmente las comunidades conservadoras, sobre todo aquellas del PP, son las que prácticamente no aumentarán nada el presupuesto destinado a sanidad el próximo año, lo que demuestra que este no es un área prioritaria y muestran que su nivel de sensibilidad en este terreno es poco evidente", advirtió.
Asimismo, se puede contemplar que, según Martín García, "son los gobiernos con más deriva privatizadora los que menos presupuesto destinan a sanidad lo cual viene a complicar aún más a la atención de los ciudadanos". Al tiempo, que también en estas comunidades es donde se puede percibir menos corresponsabilidad fiscal.
Así, por orden la comunidad que más invertirá per cápita es el País Vasco (1.607,34), seguida de Extremadura (1.580,84), Navarra (1.490,67), Aragón (1.451,12), La Rioja (1.445,47), Cantabria (1.381,57), Castilla-La Mancha (1.381,70), Galicia (1.366,25), Canarias (1.364,05), Asturias (1.354,30), Castilla y León (1.335,34), Murcia (1.299,17), Cataluña (1.282,39), Baleares (1.217,33), Andalucía (1.215,62), Madrid (1.170,56) y la Comunidad Valenciana (1.158,63).
MAYORES MEDIDAS CONTRA LA "CRISIS" SANITARIA
Para solucionar esta situación, a juicio de la federación se debe hacer un análisis de previsión, "un diagnóstico previo", de modo que se lleven a cabo los Planes de Salud que "actualmente no se están haciendo"; al tiempo que recomienda aumentar el PIB y desarrollar estrategias de inversión para las áreas sanitarias más necesitadas, "igual que se da dinero a la banca o a la industria automovilística"; asimismo aconseja crear nuevos criterios de reparto de la inversión, así como reforzar los instrumentos de cohesión y homogeneizar los presupuestos y criterios de gastos; y, finalmente, auditar los gastos de las comunidades autónomas.
"Todas estas medidas deberían ser recogidas en una ley orgánica pactada en el Consejo Interterritorial entre todos los representantes de todas las comunidades autónomas y todos los agentes sociales, de modo que se realice un nuevo pacto sanitario que garantice la suficiencia económica cuando el sistema entre en crisis", explicó
Por otra parte, para la FADSP la actual crisis del sistema sanitario es el origen del aumento de las listas de espera, la "caótica situación" de los servicios de urgencia, de la "aglomeración" en los centros de salud, etc. que, en definitiva, "contribuye a deteriorar el sistema sanitario público"; que, además, se ve incrementada por el modelo de descentralización sanitaria, que creó 17 modelos diferentes, con funcionamientos diferentes, presupuestos y condiciones salariales diversas, y prestaciones y políticas heterogéneas.
A juicio de Martín García, "no se está cumpliendo la ley general de sanidad que debería garantizar la equidad y unas condiciones homogéneas en cuanto a atención y prestaciones a todos los ciudadanos". Una situación que puede terminar generando conflictos entre las diversas comunidades, así como el "rechazo de pacientes" entre las comunidades autónomas.
