CUENCA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, aseguró hoy que en un corto espacio de tiempo, comenzarán a llegar a su oficina las consecuencias de la crisis, consciente de que existen colectivos más vulnerables que sufrirán de forma directa la merma en la financiación de las instituciones.
En rueda de prensa, Martínez Cenzano afirmó que las principales quejas que llegan desde la provincia de Cuenca atienden a la falta de respuesta y lentitud de algunas administraciones ante los problemas de los vecinos; así como cuestiones medioambientales, de ruidos, de educación o ganaderas.
En cualquier caso, el defensor del Pueblo afirmó que de aquí a unos meses las quejas girarán hacia problemas relacionados con la mala situación económica. Algo que "ya ha ocurrido en alguna comunidad pero además, de una manera importante, aquí de momento no".
A pesar de esto, consideró que "es bastante probable que la actitud de alegría que han demostrado en algunos aspectos las administraciones a la hora de conceder subvenciones, dar ayudas, establecer nexos de colaboración con ONG, que muchas veces forman una tupida red que garantiza los derechos de las personas, pues se vayan a ver debilitados".
El defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha aseguró que todas las provincias castellano-manchegas presentan un número semejante de quejas, a excepción de Albacete, donde se registran muchas más de lo habitual porque, según Martínez Cenzano, allí se encuentra la sede.
UCLM
De otro lado, el defensor del Pueblo adelantó que la Universidad de Castilla-La Mancha y la institución que preside desarrollarán un curso y una jornada formativa el próximo verano en Cuenca para debatir sobre los derechos de los niños y los procedimientos judiciales de incapacidad.
El curso, de 25 horas, se impartirá bajo el título "Los derechos de los niños y adolescentes ante la violencia; la aplicación práctica de la convención después de 19 años de vigencia".
La jornada explicará a los profesionales de la vida jurisdiccional de la región los pasos a seguir para los procedimientos de incapacitación. Martínez Cenzano recordó que la incidencia de la enfermedad mental ronda el 15 por ciento de la población, por lo que hay que estudiar las posibilidades jurídicas del problema.
Además, dijo, el encuentro será único porque participarán personas que expondrán su experiencia persona en este ámbito.
Por otra parte, el defensor del Pueblo y la Universidad han acordado que los alumnos de la escuela de Trabajo Social, la Facultad de Derecho y la de Informática realicen dos informes sobre la defensa de los derechos de las personas y las debilidades y fortalezas del sistema.