TOLEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados números 1 y 2 de lo Contencioso-Administrativo de Toledo han dado a conocer once nuevos autos que eximen provisionalmente a trece alumnos objetores a Educación para la ciudadanía (EpC). A estos once nuevos autos hay que añadirles los diecinueve que hubo hace unos días, con lo que la cifra total es de treinta autos de medidas cautelares para treinta y cinco alumnos toledanos, según las asociaciones Educación y Persona, Toledo Educa en Libertad y 'Xq te callas'.
Los nueve autos concedidos se reparten por diferentes centros y localidades de toda la provincia: Talavera, Toledo, Ontígola, Ocaña, Argés, Sonseca y Los Yébenes, y pertenecen tanto a centros públicos como privados concertados.
Para estas asociaciones "esta gran noticia avala una vez más la lucha de tantos padres de familia que no quieren que el Estado interfiera en el derecho a educar a sus hijos en sus valores morales. La libertad de educación es una de las claves de nuestra democracia; la sociedad civil no permitirá que nadie la sustituya por el adoctrinamiento" de la asignatura.
En total estos dos juzgados han resuelto un total de 79 solicitudes de petición de medidas de suspensión cautelar sobre la obligación de cursar la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), en autos acordados, denegados, o acordados y denegados, según confirmaron a Europa Press en fuentes judiciales.
En concreto, a fecha de hoy, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo ha resulto 58 solicitudes de medidas cautelares, y a fecha 5 de diciembre se han resuelto en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 un total de 21 solicitudes.
Las mismas fuentes precisaron que la denegación de algunas de estas peticiones se justifica en que algunos padres han solicitado la suspensión cautelar de la obligatoriedad de recibir clases de la asignatura para alumnos que la van a cursar el año próximo o posteriores, y los jueces no pueden pronunciarse con anterioridad a otros cursos ya que las medidas cautelares se establecen hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la cuestión.
En todos los autos resueltos de manera positiva, la justificación de las medidas cautelares se basa en garantizar los derechos fundamentales de padres y alumnos al no haberse pronunciado todavía el Supremo, aunque en ninguno de ellos se entra a valorar el fondo de la cuestión.
