TOLEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
El director general de Salud Pública y Consumo de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera, ha mantenido una reunión con responsables de distintas entidades de crédito que operan en la región y provincias limítrofes a fin de emprender una actuación para facilitar la aplicación ordenada en lo relativo a los criterios jurídicos para la interpretación de la "abusividad" de las cláusulas suelo, el cálculo de las cantidades a devolver y las opciones para hacer efectiva la devolución.
Al encuentro han asistido el director de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, Fernando Tejada, y el presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla-La Mancha, Ángel Carrasco, así como técnicos y expertos de la Consejería de Sanidad y del Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), según ha informado la Junta en nota de prensa.
Durante el mismo se han analizado los contenidos del Real Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, y se ha propuesto, por parte de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, un plan de trabajo para coordinar las actuaciones precisas y dirimir las posibles discrepancias que se puedan producir en su desarrollo.
El siguiente paso consistirá en "protocolizar" este plan de trabajo para facilitar su ejecución por fases, tanto por parte de las oficinas de atención al consumidor de la región como de las oficinas de aquellas entidades interesadas en acogerse a este procedimiento regional.
Así, la propuesta planteada por la Dirección General de Salud Pública y Consumo fue acogida por las entidades de crédito asistentes a la reunión, quienes han manifestado su agradecimiento y disposición a mantener los canales de comunicación abiertos.
Además, la Administración regional contará en este proceso con la asistencia técnica permanente del Banco de España que llevará a cabo acciones formativas para capacitación de los técnicos de Consumo dada la complejidad de la materia, así como la provisión de las herramientas de cálculo disponibles.
Para aquellos casos en los que el procedimiento extrajudicial previsto en el Real Decreto-Ley no pueda culminarse en cualquiera de sus fases y, no obstante, se desee evitar la vía judicial, la Administración regional pone el sistema arbitral de Consumo a disposición de entidades de crédito y consumidores afectados.
