CIUDAD REAL, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El funcionario de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha acusado de falsedad documental en el "caso del lino" se reafirmó hoy, durante su declaración ante el juez que instruye una querella contra él, en la veracidad de las actas que sirvieron como base para el procedimiento judicial que se siguió hace 10 años contra el agricultor Enrique Ayala Martínez y en las que afirmaba que éste no había sembrado ni cosechado lino, por lo que no debía cobrar las subvenciones europeas.
Manuel Alonso Ferranz, para quien se piden dos años de prisión y 200.000 euros de multa, y que es defendido por una abogada de la Junta de Comunidades, declaró durante dos horas y media y se reafirmó en el contenido de sus actas, pese a que la acusación le recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M) ya las había declarado nulas.
No obstante, la abogada del funcionario de la Delegación de Agricultura indicó a los periodistas a la salida del juzgado que "las actas que se levantaron en su día son verdaderas. "Él recogió en ellas lo que vio y podrían ser incompletas o inexactas, pero no falsas", dijo la abogada, al tiempo que consideró que no es cierto lo que se dice en la querella, por lo que afirmó creer que "será archivada".
Sin embargo, la acusación particular no coincide en este extremo y, según indicó a Europa Press el abogado Ricardo Ayala, que representa a Enrique Ayala, "las pruebas han demostrado que las actas no eran correctas, al igual que el hecho de que, como demostraron los peritos en las sentencias del TSJC-M y la Audiencia Nacional, es imposible que, como afirma el imputado, las actas se hicieran en dos días visitando 90 parcelas, ubicadas en dos términos municipales distintos, y con 200 hectáreas".
Asimismo, Ayala indicó que el imputado aseguró en todo momento que él sólo elaboró las actas y que es a la Junta de Comunidades a la que hay que preguntar por los procesos judiciales que se siguieron posteriormente pese a que las mismas habían sido declaradas nulas por el TSJC-M, motivo por el que la acusación particular va a incluir al Gobierno regional como responsable civil de las indemnizaciones que el funcionario tuviera que pagar si se le condena.
Finalmente, Ayala indicó que el juicio ha quedado pendiente de un nuevo señalamiento después de que hayan solicitado la declaración de los peritos que testificaron tanto en los juicios tanto del TSJC-M como de la Audiencia Nacional y que motivaron la anulación de las actas. "Y si es necesario, propondremos un careo entre los peritos que demostraron que los datos del funcionario no eran ciertos, y el propio acusado", concluyó el letrado.
