TOLEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del Grupo Parlamentario Popular de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, anunció hoy que su grupo espera que el Consejo de Gobierno tome mañana "decisiones valientes" que supongan una bajada de impuestos y un recorte de altos cargos en las consejerías, ya que si no lo hace "será un insulto para todos los castellano-manchegos".
En rueda de prensa, Marín expresó su temor de que no se tome ninguna decisión a este respecto, y mostró su preocupación ante las declaraciones ayer de la vicepresidenta segunda y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, quien afirmó que una rebaja de impuestos sólo favorece a quienes tienen suficiente capacidad para pagarlo.
En este sentido, el 'popular' retó al Gobierno de Barreda a que pregunte a agricultores, jóvenes, o empresarios si una rebaja de impuestos conlleva menos gastos, y por tanto, más gente trabajando, más empleo y más riqueza. "Todos piensan lo mismo, por lo que son inaceptables declaraciones como éstas".
De este modo, subrayó la necesidad de poner ya en marcha medidas para combatir la crisis económica, "después de nueve meses de inacción del Gobierno, que ha adoptado pocas y copiando mal al PP". "Es una tomadura de pelo", consideró, el que existan 108.000 familias en paro y que Castilla-La Mancha tenga la inflación más elevada de España. "Necesitamos medidas valientes".
PACTO POR LA VIVIENDA
Mientras tanto, indicó que el presidente del Ejecutivo castellano-manchego, José María Barreda, "intenta modificar el urbanismo para pagar a unos pocos ricos promotores". "La política se debe hacer para todos los castellano-manchegos, especialmente para los que tienen más dificultades", reclamó.
Para combatir el paro, la inflación y un urbanismo desmesurado, "el Consejo de Gobierno tiene mañana una gran oportunidad", que esperó no desaprovechen en "maquillar todas las medidas ya anunciadas".
En este sentido, reiteró la posición del PP en contra del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha, y dejó claro que en ninguna comunidad autónoma existe la situación de que si no se vende una vivienda la Junta de Comunidades la compra con el dinero de todos los ciudadanos.
"No existe garantía de compra en otras comunidades", así que si esto pasa en Castilla-La Mancha, "por qué no garantizan también a los agricultores, ganaderos o empresarios que no saquen suficientes beneficios en el libre mercado que les van a comprar lo que no vendan", se preguntó. "Porque benefician siempre a los mismos".
Así, consideró que sí se ganaría, "si tratásemos de consensuar a todos los promotores, usuarios y registradores", como según explicó, ha pasado en la Comunidad de Madrid, donde los registradores han obligado a bajar los aranceles a los constructores un 20 por ciento.
En la misma línea, también se preguntó qué joven de Castilla-La Mancha, con un sueldo de 900 euros, puede comprar una Vivienda Público-Privada (VIPP) que ronda entre los 179.000 y los 192.000 euros.
El Pacto por la Vivienda "consiste en crear VIPP, y no en convertir viviendas libres en Viviendas de Protección Oficial (VPO)", consideró, por lo que con esta iniciativa "Barreda está defraudando la firma de muchos organismos sociales", y demuestra que "piensa permanentemente en favorecer a los promotores".
La solución de transformar una vivienda libre en protegida, en sitios donde realmente existe demanda de VPO, es "una medida positiva", pero no aplicable a todo el territorio castellano-manchego, refiriéndose a la posibilidad de que eso ocurra en los corredores de La Sagra o del Henares.
