UPA pide al PSOE la mejora del Plan de Seguros Agrarios y apoyo para mejorar la comercialización de productos

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, reclamó hoy al Grupo Parlamentario Socialista la mejora del Plan de Seguros Agrarios y un mayor apoyo a la mejora de la comercialización de productos del campo.

Así lo confirmó, en declaraciones a los medios, el responsable de Agricultura del PSOE, Antonio Salinas, tras la reunión que mantuvo su Grupo Parlamentario con UPA para analizar los Presupuestos Regionales para 2009.

Salinas se mostró de acuerdo en estas dos solicitudes, ya que en Castilla-La Mancha es necesario que se avance en ese Plan de Seguros Agrarios, que dé mayores garantías a los agricultores para salvaguardar sus rentas.

También defendió el diputado socialista la necesidad de mejorar la comercialización de los productos agrarios para recuperar el valor añadido en la fase de producción y para contribuir a fijar la población en el medio rural.

Por su parte, el responsable regional de UPA valoró que del total de los Presupuestos Regionales para el año próximo el sector agrario y ganadero se lleve el 15,94 por ciento del total, concretamente unos 1.498 millones de euros.

Julián Morcillo reconoció que debido a la situación económica actual todo el esfuerzo de la Junta de Comunidades para apoyar a estos sectores "se quedará corto", pero señaló que el esfuerzo realizado "es importante", igual que seguir manteniendo el apoyo al sector granadero, que es el que "peor lo pasa" en estos momentos.

De otro lado, UPA mostró su preocupación por la OCM del vino, que en su primer año de aplicación está "complicando un poco la campaña", y donde abogó porque Castilla-La Mancha sea capaz de conseguir como mínimo el porcentaje del presupuesto que ha generado a nivel nacional.

También destacó el responsable de la organización agraria la puesta en marcha del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), por el que UPA "apostó desde el primer momento", y que ha supuesto la regularización y la compra-venta de derechos del agua, afectando a unas 600.000 personas.