Acepta dos años de cárcel el exjefe de Inspección Tributaria de Ávila por delito de cohecho

ÁVILA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a dos años de prisión por un delito de cohecho, por su propia conformidad, al que fuera jefe de la Sección de Inspección y Valoración Tributarias del Servicio Territorial de Hacienda entre el segundo semestre de 2022 y principios de 2023, periodo en el que solicitó a un ciudadano una dádiva de 50.000 euros por la tramitación de un expediente por el impuesto de sucesiones.

La condena, en ausencia de juicio por la conformidad de las partes, se produce después de que el funcionario reconociera su culpa y asumiera la autoría del delito de cohecho, del art. 420 del Código Penal, y la pena de dos años de prisión, multa de 2.160 euros y su inhabilitación especial para empleo o cargo público por espacio de cinco años, junto con el abono de las costas causadas, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

En los hechos probados se recoge que el condenado se hizo cargo de inspeccionar la declaración del impuesto de sucesiones a favor de una mujer, como heredera de su hermana, fallecida en 2021, y en el curso de la misma detectó que se habían omitido una serie de bienes pertenecientes al haber hereditario, por lo que era necesario calcular una base imponible y determinar una nueva liquidación del impuesto con la cantidad que la heredera debería abonar.

Para realizar esos trámites, el 15 de noviembre de 2022 el ahora condenado contactó con un hijo de la heredera, que actuaba como representante de ésta debido a su avanzada edad, con el que mantuvo una primera entrevista ese mismo día en su despacho, repitiéndose estas entrevistas en varias ocasiones en el mismo escenario, tanto en horario de atención al público como fuera de ese horario, y siendo dos de ellas en la calle, a propuesta del funcionario.

El hijo de la heredera grabó en soporte sonoro y videográfico las conversaciones que sostuvo con el funcionario entre los días 25 de noviembre de 2022 y 20 de enero de 2023. En dichas grabaciones se recoge que el acusado, con ocasión de la tramitación del mencionado expediente, solicitó al ciudadano la cantidad de 50.000 euros aludiendo a que le hacía la petición por problemas personales y económicos y justificándolo, igualmente, en que lo hacía por su hijo y por desesperación.

En las grabaciones consta que el funcionario intentó cerciorarse de que el hijo de la heredera no le estuviera grabando y le propuso como forma de pago de la dádiva, bien la venta y recompra de su vehículo, bien entregando cantidades diarias o bien entregándole la cantidad en varios pagos de 10.000 euros.

La finalidad de las entrevistas era obtener un beneficio económico injusto, si bien el afectado no llegó a pagar cantidad alguna.