AMP.-Audiencia de Valladolid inica en marzo de 2026 del juicio por el 'cambiazo de ataudes' en la Funeraria el Salvador

Archivo - El juicio por el supuesto 'cambiazo' de ataúdes de la Funeraria El Salvador comienza en marzo.

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VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha fijado para el día 2 de marzo de 2026 el inicio del juicio por la presunta estafa cometida en la Funeraria El Salvador, con una treintena de sesiones que se prolongarán hasta el 2 de junio, periodo en el que comparecerán cerca de 280 personas, entre testigos, peritos y los ocupantes del banquillo de los acusados.

A través de una diligencia de ordenación, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha anunciado ya el calendario de este nuevo 'macrojuicio' por la estafa funeraria invetigada en el marco de la 'Operación Ignis' destapada el 31 de enero de 2009 por la Policía Nacional y relacionada con el supuesto fraude en el Grupo Funerario El Salvador consistente en el 'cambiazo' de ataúdes por otros más baratos en el periodo comprendido entre 1995 y 2015.

"Conforme lo acordado en la anterior resolución se convoca a las partes para el planteamiento de las cuestiones previas en los términos que se contemplan en el artículo 786.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como llegar las partes (en su caso) a los correspondientes acuerdos de conformidad, para lo cual se señala el días 2 de marzo de 2026 a las 9:30 horas", tal y como precisa la citada diligencia, que fija el día 9 de marzo como fecha para el inicio de las testificales, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

La fijación del calendario se produce después de que el tribunal sentenciador acordara reagrupar las acusaciones particulares, dado el elevado número que se había personado en la causa en representación de las víctimas de la presunta estafaa. En concreto, cada letrado acusador deberá representar a un mínimo de 54 fallecidos por un "proceso sin dilaciones indebidas" conforme al articulo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

206 AÑOS DE CÁRCEL

Fiscalía de Valladolid solicitó un conjunto de condenas que, globalmente, se elevaban a un total de 206 años de cárcel para las 24 personas que se encuentran investigadas en la 'Operación Ignis'.

En su escrito de calificación provisional de 363 páginas, la acusación pública imputa un rosario de casi una decena de cargos, como constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa; delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Las penas más duras las solicitaba para mujer del empresario funerario fallecido, María del Rosario V.L, y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V, a razón de 20 años de cárcel para cada uno de ellos, junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.

Respecto del resto de trabajadores, una veintena, las penas oscilaban entre los nueve y los dos años de cárcel. Así, la acusación pública interesaba nueve años de prisión para cuatro de los encausados, seis y medio para otros nueve, cuatro años para otro de los acusados, cinco años de privación de libertad para otros cuatro empleados más y dos años para otro de los supuestos implicados.

De la actividad ilícita investigada, según el fiscal, Funeraria Castellana y Parque El Salvador habría obtenido ganancias ilícitas igual al valor total de los elementos retirados para su posterior nueva venta: por una parte, 3.667.711,95 euros correspondientes a los ataúdes de los que fueron desposeídos 5.973 difuntos y, por otra parte, 381.056,14 euros en el caso de los 3.174 motivos florales recuperados por los trabajadores de las empresas.

Del total de 4.048.768,09 euros no consta que se haya beneficiado directamente ninguno de los trabajadores implicados en tales operaciones.

La acusación pública sostiene que desde el mismo momento en que se empezó a ofrecer el servicio de incineración de cadáveres en el Cementerio-Jardín Parque El Salvador, el empresario Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido, como máximo responsable de Funeraria Castellana y Parque El Salvador, ideó un ilícito plan encaminado a obtener el mayor beneficio económico posible.

Dicho plan dependía directamente de los servicios de incineración que se realizaban en el Cementerio-Jardín y se articulaba en dos fases. La primera consistía en la retirada de los féretros a los difuntos, justo en el momento inmediatamente anterior a su cremación, desviando así el destino final a que venía obligada la empresa funeraria de efectuar la cremación del difunto junto con su féretro.

En un segundo momento, tras llevar de nuevo al tanatorio los féretros previamente retirados, se ponían otra vez a la venta en nuevos servicios funerarios, contraviniendo de este modo lo dispuesto tanto en la normativa nacional como autonómica que prohíben la reutilización de los féretros.

"Todas estas actuaciones eran desconocidas por los familiares y allegados de los difuntos que iban a ser incinerados y a los que se les privaba del ataúd en dicho proceso, pues a tales familiares se les negaba la posibilidad de ver la entrada al interior del horno crematorio. Pero también se ocultaban esas circunstancias a los familiares y allegados de los nuevos fallecidos a quienes se vendían como originales las arcas que ya se habían utilizado antes y que, en su mayor parte, iban a destinarse en ese siguiente uso a entierros o inhumaciones", recoge el escrito acusatorio.

NECESARIA COLABORACIÓN DE EMPLEADOS

La estrategia ideada por Ignacio M.A, a juicio del fiscal, requería de la necesaria colaboración de los diferentes empleados: de los trabajadores que realizaban los traslados de los fallecidos desde el tanatorio hasta el horno crematorio del cementerio y, posteriormente, llevaban los ataúdes de vuelta al tanatorio, y también de los empleados encargados de la propia incineración, pues estos tenían que participar directamente en los cambios de los ataúdes, siendo auxiliados por los conductores o por el personal que trabajaba en el cementerio.

En el escrito de calificación se hace referencia a que la actividad presuntamente delictiva de los investigados habría afectado a un total de 6.055 difuntos.

El propietario del negocio, Ignacio M.A, de 75 años, ya fallecido, permaneció en la cárcel hasta que garantizó una fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.