Asciva considera injusta la reiterada sanción a un ciclista por llevar a sus hijos en bicicleta de carga

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Ciclista de Valladolid (Asciva) ha denunciado públicamente la reiterada sanción a un usuario por transportar a sus hijos en una bicicleta de carga, transporte que considera una práctica legal, segura y común en toda Europa y, por tanto, entiende que no tiene sentido que en Valladolid se persiga.

El ciclista ha sido sancionado en dos ocasiones por supuestamente incumplir el artículo 12.1.1 del Reglamento General de Circulación (RGC), que establece los requisitos para el transporte de personas en bicicletas.

Sin embargo, tal y como aclaró expresamente la Dirección General de Tráfico (DGT) en noviembre de 2022, las bicicletas de carga pueden transportar a tantos pasajeros como lo permita su manual de usuario, siempre que cuenten con las medidas de seguridad adecuadas. En este caso, la bicicleta sancionada cumple plenamente con dichas condiciones, tal y como advierte Asciva a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Además, subraya la "grave irregularidad administrativa" en la gestión de la sanción, ya que, como así precisa, el ciclista no fue notificado correctamente y se ha encontrado con las dos multas ya en fase de apremio, sin posibilidad de presentar alegaciones ni ejercer su derecho a defensa.

Para Asciva este tipo de actuaciones van en contra de la tendencia europea en cuanto a la movilidad sostenible. En octubre de 2023, la Comisión Europea adoptó la European Declaration on Cycling. Esta declaración reconoce el ciclismo como una forma de transporte convencional y además como una modalidad estratégica, accesible, inclusiva, saludable y económicamente valiosa.

Esta declaración exhorta a los Estados y administraciones a fomentar todas las formas de movilidad en bicicleta, incluyendo bicicletas de carga, eléctricas, soluciones de micromovilidad y otras innovaciones, como parte esencial de un modelo de transporte urbano sostenible.

Desde Asciva consideran que esta situación vulnera derechos fundamentales del ciudadano y constituye un agravio comparativo hacia quienes optan por formas de movilidad más sostenibles. Exige la anulación de esta sanción y una revisión inmediata de los protocolos de actuación de la Policía Municipal en relación con bicicletas de carga, así como una formación específica sobre su legalidad y uso (actualizada a la nueva realidad europea).