El Ayuntamiento de Valladolid acuerda alegar para que el Área Funcional incluya a Aldeamayor, La Pedraja y Valdestillas

Actualizado: domingo, 5 julio 2015 22:26

Se aprueba la renuncia de Gonzalo Hernández (PP), emigrado a Estados Unidos

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes con apoyo unánime de los tres grupos políticos municipales la remisión de alegaciones a la propuesta de la Junta para crear el Área Funcional Estable de la capital, entre las que plantea la inclusión en la misma de los municipios de Aldeamayor de San Martín, La Pedraja de Portillo y Valdestillas.

Este ha sido uno de los acuerdos tomados en el Pleno municipal correspondiente al mes de septiembre que se ha celebrado este martes y que en su inicio ha estado marcado por la petición de disculpas del alcalde por sus polémicas declaraciones del 21 de agosto y por las dos mociones en las que IU y PSOE pedían la reprobación de las mismas y la dimisión del regidor.

Dentro del orden del día, se han aprobado por unanimidad dos mociones. En una de ellas se sometía al Pleno la remisión a la Consejería de la Presidencia de la Junta de las alegaciones a la propuesta de delimitación del Área Funcional Estable de Valladolid, cuyo plazo concluye el próximo 11 de septiembre.

En ellas, se señala que el ámbito territorial debe integrar a "todos los municipios sujetos a las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y su Entorno (Dotvaent) además de los de Robladillo y Wamba", que sí se incorporan en la redacción inicial. Por ello, se reclama integrar a Aldeamayor de San Martín, La Pedraja de Portillo y Valdestillas, que no están incluidos, hasta llegar a 25 municipios.

En el documento se indican diversas razones geográficas, urbanísticas, históricas, políticas, jurídicas y de proximidad, con determinadas vías de comunicaciones que vinculan a estas localidades con la capital, como la autovía A-601 o el enlace ferroviario que atraviesa el término de Valdestillas.

Asimismo, se alega que la Comunidad Urbana --entidad que incluye ya a buena parte de los municipios que formarían parte del área funcional--, estudia la posibilidad de conformarse como una Mancomunidad de Interés Regional para instrumentar la gestión de determinados servicios.

También se subraya que esta nueva delimitación es "tan sólo una línea que no supone alteración en el modo de prestar servicios", y se precisa que "las áreas municipales urbanas están integradas por municipios con población inferior a los 20.000 habitantes, en los que su dimensión rural es inapreciable o inexistente, y que constituyen auténticos núcleos residenciales y económicos".

La otra moción aprobada por los tres grupos hace referencia a la solicitud a la Junta de Castilla y León de designar a los yacimientos arqueológicos de la Villa Romana del Prado y Soto de Medinilla como Bienes de Interés Cultural (BIC), si bien el segundo se ha incluido en la propuesta mediante una moción del Grupo Socialista.

El acuerdo incluye también la declaración del interés de la ciudad en promover su puesta en valor, el compromiso con el resto de administraciones para la "completa interpretación" de los yacimientos y se da traslado de los acuerdos a la Junta, Diputación de Valladolid, la dirección del Museo Provincial de Valladolid y a las asociaciones de vecinos de las zonas en las que se encuentran dichos restos.

El resto de mociones que se presentaban al Pleno han sido rechazadas, salvo una parte de la que el Grupo Socialista dedicaba a demandas vecinales en la zona de Las Batallas. Concretamente, el Grupo Popular ha aceptado cambiar de lugar una losa que delimita el espacio destinado a contenedores de basura en la calle basura y ha aprobado abordar "de forma inmediata" la limpieza de las columnas de la plaza de Las Batallas porque según el portavoz del Grupo Popular, Jesús Enríquez, ya se lleva a cabo este trabajo.

Se ha rechazado, en cambio, abrir al tráfico rodado la calle Clavijo al completo, comprometer presupuesto de 2015 para la renovación de aceras y calzadas en varias calles, instalar aparcamientos para motos y bicicletas en la plaza, estudiar mejoras en el carril bici, en el cruce entre Paseo del Cauce y Gabriel y Galán, o reclamar el soterramiento de los cableados que discurren por las fachadas por que, según Enríquez, la Ley de Telecomunicaciones ha "hurtado" esa competencia a los ayuntamientos.

'BARRIOS PREMIUM'

En otra moción rechazada con los votos del PP, el Grupo de Izquierda Unida reclamaba un documento de trabajo y un compromiso para evitar la promoción de la figura de los 'barrios premium' que según su portavoz, Manuel Saravia, está impulsada por el Gobierno de España. Para ello planteaba la creación de foros ciudadanos en los que se debatieran las políticas de vivienda, comercio de proximidad, empleo y dotaciones sociales de dicho documento.

La mayoría absoluta del Grupo Popular, que en esta sesión contaba con un concejal menos por la renuncia de Gonzalo Hernández --cuya provisión de vacante se aprobado este martes y previsiblemente será ocupada por el expiragüista Narciso Suárez--, ha denegado una última moción en la que tanto PSOE como IU solicitaban garantías de la continuidad del programa municipal de educación de personas adultas.

La concejal 'popular' Rosa Hernández ha confirmado que la adjudicación de este servicio se aprobó el pasado viernes y que distintos cambios normativos han motivado que el programa "no pueda mantener las condiciones que tenía al principio" sino que más bien ha sido necesario "reenfocarlo" sin "renunciar a la calidad".

El recorte presupuestario, como ha indicado la socialista Victoria Soto, ha sido de unos 65.000 euros en 2014 y ha afectado, por ejemplo, a los cursos de inglés que ya no están incluidos en el programa.

En otros puntos del orden del día, se ha aprobado la modificación de crédito necesaria para destinar los más de 900.000 euros que costará la adaptación de los terrenos de la antigua hípica de Caballería para acoger la concentración motera 'Pingüinos' en enero de 2015. Los grupos de la oposición han matizado que se debería garantizar que cumple la legalidad y que, como ha aseverado el socialista Pedro Herrero, no implique que el Ayuntamiento "se meta en una nueva aventura jurídica".

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