Al banquillo cuatro acusados de traer a mujeres desde el extranjero para convertirlas en esclavas sexuales

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

A un total de 63 años de prisión se eleva el conjunto de penas que Fiscalía de Valladolid solicita para los cuatro presuntos integrantes de una organización criminal a los que acusa de traer engañadas a España a mujeres de nacionalidad extranjera, fundamentalmente de Venezuela y Colombia, a las que habrían convertido en esclavas sexuales tras privarlas de su pasaporte y trasladarlas a pisos de distintas localidades del país, entre ellas la capital del Pisuerga, donde ejercieron la prostitución bajo un férreo control.

El juicio está previsto que se celebre a partir de este próximo miércoles en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde compartirán banquillo la principal inculpada y supuesta cabecilla, Kelly J.O, alias 'Andrea' y 'Carly', quien se expone a una posible condena de 27 años de cárcel; Esneider D.A.B, al que la acusación pública solicita 18 años, y Luis Ángel S, hijo de la primera, y Janner D.M, compañero sentimental del anterior, a los que se pide una condena de nueve años de prisión.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública solicita también que los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de las tres mujeres perjudicadas con un total de 880.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Se les acusa, en distinto grado de participación, de delitos de trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual en concurso medial con delitos de prostitución coactiva, así como de un delito continuado contra los derechos de los trabajadores y de otro de pertenencia a grupo criminal.

En su escrito de calificación, Fiscalía de Valladolid sostiene que las cuatro personas encausadas, a la cabeza la colombiana Kelly J.O, constituían un entramado criminal que desde marzo de 2022 hasta finales de diciembre de 2023 se dedicó a la captación, en Venezuela y Colombia, de mujeres jóvenes con graves problemas económicos, personales y familiares, al objeto de facilitarles la llegada a territorio español donde serían explotadas con fines sexuales en diversas viviendas habilitadas en distintos puntos de la geografía española.

Las víctimas recibían la oferta de venir a España con la promesa de ganar mucho dinero bajo, aunque sin conocer en realidad cuál sería la actividad real a la que iban a ser forzadas y después de que fueran aleccionadas para que ante las autoridades aduaneras explicaran que su llegada era en la condición de turistas. Una vez en España, a través del Aeropuerto de Madrid-Barajas (Adolfo Suárez), las jóvenes eran privadas de su pasaporte y trasladadas a los domicilios alquilados en distintos puntos de la geografía nacional, donde eran advertidas de que habían contraído una deuda de entre 5.500 y 6.500 euros que estaban obligadas a devolver a través de sus servicios sexuales, para una vez abonadas dichas cantidades continuar trabajando para la organización, repartiéndose desde entonces los beneficios al 50 por ciento.

Aunque el importe total de los servicios, hasta saldar la deuda, iban a parar al bolsillo de la 'madama', las víctimas tenían también que pagar los gastos derivados por la renovación de los anuncios de sus servicios en Internet, entre 80 y 100 euros semanales, así como por las habitaciones que ocupaban, a razón de entre 200 y 300 euros a la semana, y otros 50 por semana que adelantaba cada joven por su manutención.

Antes de su llegada a España, la supuesta cabecilla de la banda se aseguraba de que las mujeres captadas reunían las características necesarias para el ejercicio de la prostitución, y a tal efecto les solicitaba fotografías e incluso les daba consejos sobre su sobrepeso y para mejorar su imagen, ya que algunas de ellas pensaban que iban a venir para trabajar en 'modelaje' o trabajar en páginas web para adultos pero sin la prestación de servicios personales.

En su relato de hechos, la acusación pública mantiene que la principal acusada hacía entrever que trabajaba para terceras personas, con la finalidad de llevar la incertidumbre y el miedo a las víctimas, a las que hacía creer que sus jefes podrían atentar incluso contra su vida en el supuesto de que no se mostraran sumisas y generaran problemas.

Pero además, la organización imponían muy duras condiciones laborales a estas mujeres, que cobraban una media por servicio de entre 50 y 100 euros, en función de la duración del servicio, y tenían que estar disponibles las 24 horas del día, sin que pudieran incluso bañarse en ocasiones entre cliente y cliente, cuando se acumulaba el trabajo, y pese a que pudieran encontrarse con la regla.

La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta finales del mes de mayo de 2023, momento a partir del cual la principal acusada empezó a contar con la colaboración de su hijo, el también encausado Luis Ángel, y el novio de éste, Janner D, en funciones ambos del traslado de las víctimas, la recaudación del dinero obtenido por ellas y su contabilización en un cuaderno que llevaba la 'madama' para controlar económicamente la actividad. Junto a estos tres, un cuarto acusado, Esneider D.A.B, colaboraba supuestamente con la trama criminal en funciones de captación.