Carriedo advierte de que si no se reforma la financiación el aumento de gastos en servicios podría llevar a "ajustes"

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que el aumento del gasto público en los principales servicios asumidos por la Comunidad avanza a un ritmo superior al fijado por la regla de gasto, lo que podría obligar a llevar a cabo "determinados ajustes" a partir de 2026 si no se reforma el modelo de financiación autonómica.

Fernández Carriedo se ha referido de este modo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que sitúa el crecimiento del gasto computable en 2026 en el 4,2 por ciento, una cifra que supera el límite del 3,3 por ciento establecido.

La AIReF ha advertido de que, aunque en 2025 no se prevé incumplimiento de la regla de gasto, el riesgo se intensifica a partir de 2026, y más aún en 2027, cuando se estima un incremento del gasto del 5 por ciento frente al techo del 3,4 por ciento para ese ejercicio.

Con estas cifras, Fernández Carriedo ha subrayado que la causa fundamental de este desfase radica en el actual sistema de financiación autonómica, que considera "perjudicial" para Castilla y León y que ha generado, según sus datos, un déficit superior a 6.000 millones de euros en el periodo de vigencia.

En este sentido, ha defendido la necesidad de acometer de forma "urgente" una reforma que sea consensuada por todas las comunidades en condiciones de "igualdad" y que "no priorice a determinados territorios".

Pese a que la AIReF ha considerado "negativo" para la Comunidad la adopción de decisiones "permanentes" como "rebajas fiscales y aumentos de gasto estructural", el consejero ha asegurado que la política fiscal de la Comunidad no contempla subidas de impuestos, ya que la reducción de determinadas figuras ha contribuido a un aumento de la recaudación.

En este sentido, ha insistido en que "si el sistema de financiación continúa siendo desfavorable, los ajustes necesarios en el gasto de los servicios públicos serían aún más significativos", un punto en el que ha señalado que el margen para recortar el gasto corriente es bajo, ya que Castilla y León se sitúa entre las comunidades con "menor" estructura administrativa.